Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, mayo 01, 2016

ÉTICA Y EJEMPLARIDAD DE LOS ALTOS CARGOS


La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, se aprobó con el loable propósito de que “el ejercicio del cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas”. Y, a decir verdad, es una norma más exigente que su antecesora, la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

La Ley 3/2015, tras enumerar quiénes tienen la consideración de altos cargos (art. 1), establece la idoneidad como requisito novedoso en el nombramiento los mismos (art. 2). Dicha idoneidad es la suma de honorabilidad, formación y experiencia. Como es obvio, la honorabilidad no es un concepto objetivo, así que la norma se ocupa de señalar los casos en que no concurre la honorabilidad (en condenados por sentencia judicial firme por determinados delitos, inhabilitados conforme a la Ley Concursal, inhabilitados o suspendidos para empleo o cargo público, mientras dure la sanción…). También se dispone que la honorabilidad “debe concurrir en el alto cargo durante el ejercicio de sus funciones”, siendo su pérdida causa de cese. 

Asimismo, el artículo 3 recoge los principios que debe observar el alto cargo en su actuación (interés general, integridad, objetividad, transparencia y responsabilidad, austeridad). Se introducen, por otra parte, diversas novedades, como el reforzamiento de la Oficina de Conflictos de Intereses (art. 19), el sistema de alerta temprana para la detección de conflictos de intereses (art. 12) y el procedimiento de examen de la situación patrimonial del alto cargo cuando cesa en el ejercicio de sus funciones (art. 23). 

Respecto a las participaciones en empresas, el régimen previsto en el artículo 14 es similar o idéntico al de la Ley 5/2006. Donde sí hay una innovación relevante es en lo tocante a las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese (cooling off period), pues al supuesto ya contemplado en la normativa anterior (durante los dos años siguientes al cese el antiguo alto cargo no podrá trabajar para entidades privadas afectadas por decisiones en las que haya participado) se une una limitación más estricta para los altos cargos de organismos supervisores o reguladores, que durante dos años no podrán prestar servicios en entidades que hubiesen estado bajo su supervisión, con independencia de si fueron afectadas por una decisión (art. 15).

La Ley 3/2015 intenta, con medidas concretas, contribuir a la ética pública y a la ejemplaridad de los altos cargos. Lo cual es, a todas luces, una demanda ciudadana más que constatada. Sin embargo, el Gobierno apenas ha hablado de ella. Dado que la ambiciosa Ley 19/2013 parece ya pasto del olvido, creo que en España bien el Gobierno no sabe explicar sus políticas, bien la opinión pública y los medios no están tan interesados en realizaciones concretas y medibles cuanto en escándalos varios y el griterío de patio de vecinos. Quizá se trate de ambas cosas. Pero, contra lo que nos quieren hacer creer Iglesias y su buque propagandístico, La Sexta, España no es Somalia.  Hay leyes que merecen ser reivindicadas.