Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, octubre 04, 2015

LAS NUEVAS BASES DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN

Ya es definitivo. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común tiene sus días contados. Dentro de un año entrarán en vigor dos nuevas leyes —aprobadas apresuradamente en los estertores de la legislatura— que la sustituirán. Que no se hable de ellas en los medios de comunicación no merma la transcendencia de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Estas normas formaban parte de los planes de reforma administrativa del Gobierno. Superar ciertos defectos atribuidos a la Administración con origen en el marco normativo (duplicidades e ineficiencias, procedimientos demasiado complejos…) exigía “una reforma integral y estructural que permita ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones tanto externamente, con los ciudadanos y empresas, como internamente con el resto de Administraciones e instituciones del Estado” (Exposición de Motivos de la Ley 39/2015).

Existen objeciones, por lo pronto, a la necesidad y oportunidad de estas dos nuevas leyes. La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 y la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, ambas alabadas por su gran calidad técnica, conocieron una vigencia superior a los treinta años. La Ley 30/1992, que tras las modificaciones introducidas en 1999 era una norma razonablemente buena, no cumplirá los veinticinco años de vida, víctima de una incontinencia legislativa que las más de las veces produce leyes defectuosas e inferiores a las que deja atrás.  

El Consejo de Estado, en su dictamen sobre el proyecto que finalmente se aprobaría como Ley 39/2015, efectuó numerosas observaciones críticas. Según el supremo órgano consultivo, la separación entre aspectos orgánicos y procedimentales nunca fue tajante en el ordenamiento jurídico español del último medio siglo. Así, el enfoque que adopta esta reforma no entronca con la tradición jurídico-administrativa española. La ruptura que se pretende llevar a cabo trae consigo no claridad, sino confusión. 

También advierte que la separación entre lo orgánico y procedimental difícilmente puede llevarse hasta sus últimas consecuencias, provocando remisiones o duplicidades injustificadas. Eso resta claridad y coherencia a la regulación. Y, sobre uno de los puntos más importantes de la reforma, el relativo a la tramitación electrónica de los procedimientos, señala que la regulación ofrece un elevado grado de fragmentación, un marcado carácter reglamentista en algunos pasajes y presenta mecanismos que no se ajustan a una realidad en la que las posibilidades de acceso no son homogéneas en el territorio nacional.

Al igual que cuando se plantea la reforma de la Constitución surgen por doquier expertos con ideas tan variopintas como infumables, la reforma de las normas que regulan la Administración es terreno abonado para excesos, voluntarismos y auténticos estropicios jurídicos. 

En mi opinión, esta reforma no era necesaria y, salvando algunos aciertos, es una chapuza lamentable. Una revisión sensata de la Ley 30/1992, junto con algunas modificaciones en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, habrían dado mejor resultado.