Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, mayo 10, 2015

LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

La propuesta de la Comisión Europea de sancionar al Reino de España con una multa de 19 millones de euros por haber ocultado Valencia gasto sanitario, falseando así sus cifras de déficit, ofrece una buena ocasión para reflexionar sobre la responsabilidad de España ante la Unión Europea. 

España, como Estado miembro de la UE, está obligada a cumplir las obligaciones del Derecho de la Unión de acuerdo con los principios de primacía y efecto directo y de colaboración leal (art. 4 del Tratado de la Unión Europea). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de obligaciones derivadas del Derecho de la Unión.

En el caso español, es el Estado central el que ostenta una posición de garante en el cumplimiento de la normativa europea, con arreglo a los artículos 93 y 149.1.3ª de la Constitución. Sin embargo, la responsabilidad del Estado ante la Unión no altera el reparto de competencias establecido en el texto constitucional, como declara con rotundidad la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (vid. STC 80/1993, de 8 de marzo). Esto es, las Comunidades Autónomas (y entidades locales) deberán ejecutar las normas europeas si entran dentro de sus competencias. Y si no las cumplen, España se expone a una condena, tal y como sucede con las cuentas públicas de Valencia. 

Ahora bien, la responsabilidad ad extra del Estado no obsta a que repercuta ad intra la responsabilidad en cada caso procedente (SSTC 79/1992, de 28 de mayo; 148/1998, de 2 de julio; y 96/2002, de 25 de abril). Este principio, meridianamente claro, no fue articulado con carácter general, sino ad casum o por sectores (por ejemplo, en la gestión de los fondos europeos). El Consejo de Estado, en un informe de finales de 2010, recomendó adoptar una norma general sobre repercusión de este tipo de responsabilidades.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible ya introdujo una cláusula general de repercusión. Posteriormente, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en términos muy similares, consagró en su artículo 8.1 un principio en virtud del cual las Administraciones “que incumplan las obligaciones contenidas en esta Ley, así como las que provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea o las disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales de los que España sea parte, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado”. 

La disposición adicional segunda de la LO 2/2012 habilitó al Gobierno para dictar el desarrollo reglamentario de este principio, lo que se ha llevado a cabo por medio del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio. 

En consecuencia, se trata de un asunto felizmente resuelto por el ordenamiento jurídico español, al menos en el plano teórico. Si finalmente España es condenada, todo apunta a que se iniciará el procedimiento regulado por el RD 515/2013 y se pondrá a prueba su perfección técnica.

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