Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, marzo 29, 2015

¿QUÉ HACER CON LOS IMPUTADOS?

Qué hacer con los políticos imputados no es un asunto precisamente nuevo. De un tiempo a esta parte, la condición de imputado ha determinado, en general, la exclusión del afectado de una lista electoral o su dimisión del cargo que estuviera desempeñando. Otras veces, en cambio, los interesados o sus partidos se han resistido con tozudez. El criterio no está claro, sino que depende del grado de poder, influencia y simbolismo del imputado.

En todo caso, los partidos se tiran los imputados a la cabeza, los buscan en listas ajenas y puede decirse, en fin, que su ausencia se ha convertido en una especie de marchamo ético.

¿Pero es tan malo estar imputado? En rigor, no. El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 establece que el imputado (en otras palabras, a quien se le imputa un hecho punible) “podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunica su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho”. Es decir, el imputado no es, evidentemente, un condenado, aunque la opinión pública tienda a no realizar distingos. 

Mucha gente, como consecuencia de la cantidad y gravedad de los casos de corrupción que han salido a la luz recientemente, a lo que se une cierto histerismo propio de la idiosincrasia española, ha desarrollado una elevada intolerancia hacia quienes están implicados en los mismos, aun cuando no se haya puesto fin al proceso correspondiente y emitido resolución condenatoria. 

Alguna vez se ha insinuado que ningún imputado debería ser elegible. Consagrar tal impedimento en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General sería probablemente contrario al derecho de sufragio pasivo que reconoce la Constitución, toda vez que quedaría cercenado por una situación procesal que, como ya se ha dicho, no responde más que a simples indicios y sin que se haya enervado la presunción de inocencia, otro derecho fundamental recogido en el artículo 24 del texto constitucional. 

Por consiguiente, debe rechazarse esa propuesta, estimándose más oportuno que sean los partidos los que decidan si admiten o no a personas imputadas en sus listas, lo que no obsta a que tales personas puedan presentarse por su cuenta o por otros partidos. 

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal pretende actuar sobre la aludida imagen negativa de la condición de imputado, sustituyendo el término por el de “denunciado”. La utilidad de esta modificación es harto dudosa: no tardará mucho el denunciado en arrastrar una carga tan peyorativa como la del imputado hoy día.

1 comentario:

octopusmagnificens dijo...

Lo veo como una cuestión política. Cada partido debería elegir según casos, en función de las peculiaridades de cada imputación.