Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, marzo 15, 2015

ACERCA DE LOS DIRECTIVOS PÚBLICOS

Desde que Henri Fayol publicara en 1916 su clásica obra Administración industrial y general, en la que identificaba las funciones que componen la esencia de administrar (prever, organizar, mandar, coordinar y controlar), y sostuviera posteriormente la aplicación de sus reflexiones al Estado, la función directiva en el sector público ha sido un tema recurrente, especialmente a partir de los años setenta, cuando toman impulso los procesos de modernización de la Administración pública.

Dado el aumento imparable de las funciones de la Administración, así como de los recursos económicos y humanos que emplea, y en el contexto de la crisis fiscal del Estado, se puso de manifiesto la necesidad de contar con un personal directivo --no identificado exclusivamente con el funcionario superior del modelo burocrático de Weber-- que aportara eficiencia, planificación, coordinación y estabilidad a las organizaciones.

En España, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado establece en su artículo 6 que son órganos directivos de un Ministerio los Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales; en la Administración periférica, los Delegados y Subdelegados del Gobierno; y en el exterior, los Embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales.

Pero fue la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos la que abordó por vez primera el régimen del personal directivo, al disponer en su artículo 23 que el personal directivo de las agencias sería “el que ocupa los puestos de trabajo determinados como tales en el Estatuto de las mismas en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas a ellos asignadas”, señalando que podrían ser ocupados estos puestos por funcionarios o por personal laboral mediante contrato de alta dirección y sujetándolo a una evaluación “con arreglo a los criterios de eficacia, eficiencia y cumplimiento de la legalidad, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que le hayan sido fijados”.

En esta misma línea, el artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público introduce la figura del directivo público con carácter general en términos similares a los de la Ley 28/2006, si bien condicionando su existencia efectiva y régimen jurídico específico al desarrollo que eventualmente den al Estatuto el Estado y las Comunidades Autónomas. A día de hoy, es una figura que sigue a la espera de dicho desarrollo.

Aunque es obvio que en la Administración ya se ejerce la función directiva, falta una regulación expresa que aclare y revitalice esta actividad. Y ello a pesar de las dificultades que entraña, ya que asuntos tan elementales como la selección, carrera y evaluación de los directivos son arduos de resolver.

En el caso de la evaluación, sobre todo, es un desafío determinar su contenido, puesto que el directivo público, por contraposición al directivo de una empresa privada, carece de un mercado que ponga precio a sus productos, operando en su lugar el proceso político, que usualmente va a limitar su actuación (piénsese en el político de turno que interfiere en la actividad administrativa imponiendo decisiones disparatadas), incluso en un sentido temporal (los cuatro años del ciclo electoral), además de que concurren otras complicaciones a la hora de valorar su desempeño (hay efectos de las políticas públicas difíciles de medir).

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