Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, octubre 19, 2014

¿NO SE PROTEGE AL TRABAJADOR?

A los empresarios les persigue la mala fama en España. Por eso, para disimular, se les llama ahora emprendedores. Y es que los enemigos del capitalismo y la libertad de empresa continúan asegurando que los empresarios son explotadores, egoístas sin escrúpulos que arrebatan la plusvalía al desvalido trabajador o le someten a una precariedad insoportable. Con la banda de Pablo Iglesias poblando día sí y día también las televisiones, España vive un dramático retorno a los setenta: vientos de ruptura revolucionaria y proliferación de análisis típicos del marxismo cañí.  

En rigor, es difícil sostener que en España se practica un capitalismo salvaje en el que el empresario puede, literalmente, abusar del trabajador. Las relaciones laborales están sujetas a una normativa muy exigente. Así, el Derecho del Trabajo cumple una finalidad tuitiva, esto es, encaminada a equilibrar las posiciones jurídicas de las dos partes de un contrato de trabajo. A veces, escuchando a ciertos sabihondos ideologizados hasta la médula, da la impresión de que en España existe el despido libre, no hay normas sobre prevención de riesgos laborales, no están garantizadas las vacaciones retribuidas, los sindicatos carecen de poder, los convenios colectivos son una broma...

El Estado no adopta una postura abstencionista ante las relaciones laborales. El Estado regula, vigila e interviene. Obviamente, tendrá más o menos éxito, y en no pocas ocasiones la intervención será más perjudicial que la inhibición. Mi intención no es entrar en ese debate, sino exponer las patrañas y bobadas de los iluminados que pretenden hacer creer a los ciudadanos que viven en una especie de jungla de la que sólo ellos les pueden sacar.

Una de las manifestaciones más sobresalientes del antedicho intervencionismo es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. De larga tradición en España, pues aparece en 1906, integrada en el Instituto de Reformas Sociales, su regulación se contiene hoy en la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

De acuerdo con el artículo 1.2, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “es un servicio público al que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento y, en su caso, arbitraje, mediación y conciliación en dichas materias”.

España no ha sido un país atrasado en todo o de instituciones inexorablemente fallidas. La Inspección de Trabajo, ya se ha dicho, opera desde 1906, y ya anteriormente se habían aprobado normas que protegían a los trabajadores. Y siempre tratando de no interferir demasiado en la empresa, como se desprende del primer Reglamento para el Servicio de la Inspección de Trabajo, que disponía que en el ejercicio de sus funciones los inspectores “observarán la mayor cortesía con los patrones, industriales, etc., recordándoles cuando sea necesario los deberes que les imponen las leyes y reglamentos tutelares del obrero, apoyando sus razones con los textos de dichas leyes” (art. 19). O sea, persuasión antes que nada. 

En la misma línea, el artículo 21 se encargaba de expresar una sabia advertencia: “La misión de los inspectores debe tener un carácter preventivo, tanto como represivo. La legislación se dirige a proteger al obrero, pero sin causar vejaciones a la industria […]”.

La Inspección de Trabajo sigue gozando de buena salud, la Administración laboral es una realidad y España es un país que cuenta con un marco jurídico adecuado (desde la óptica de los derechos de los trabajadores) para las relaciones laborales.