Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, septiembre 21, 2014

REFORMAR LA SEGURIDAD SOCIAL PARA GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD

El tristemente desaparecido José Barea, desde mediados de los años noventa, dedicó muchos estudios y reflexiones al crucial asunto de la viabilidad de la Seguridad Social española. El profesor manifestaba su zozobra ante el futuro del sistema de pensiones públicas y reclamaba reformas de alcance. Y es que se trata de un problema que no es coyuntural, es decir, originado por la crisis, sino estructural: en sus raíces se encuentra el envejecimiento de la población española, con una esperanza de vida que se alarga y una tasa de natalidad muy baja. Esta evolución demográfica, siguiendo a Barea, condiciona la evolución del gasto en protección social.

La Seguridad Social aparece consagrada en el artículo 41 de la Constitución, que establece que los poderes públicos “mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”; y, de acuerdo con el artículo 50, también “garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. 

La financiación se realiza a través de un sistema de reparto: los cotizantes actuales financian los gastos presentes, con la expectativa de que otros hagan lo propio en el futuro, de forma que, si disminuye el número de cotizantes y aumenta el de beneficiarios, la sostenibilidad del sistema queda amenazada.  

Las advertencias de Barea no eran infundadas, pues el panorama no es nada alentador. Actualmente, crece el número de beneficiarios de prestaciones de jubilación a la par que caen los cotizantes. Lo cual se ha visto agravado por la situación de paro masivo que todavía padece España.

A la luz de estas consideraciones, adelantar la jubilación a los sesenta años, como propone Pablo Iglesias, sólo puede tomarse como una broma pesada o la idea irreflexiva de quienes prometen cualquier cosa con tal de ganar votos. 

El Pacto de Toledo (1995) fue la respuesta a las serias dudas sobre la sostenibilidad del sistema. Desde entonces ha habido numerosas e importantes reformas, dos de ellas no lejanas en el tiempo. La primera fue operada por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de la Seguridad Social, cuyas medida más relevantes son la elevación en dos años de la edad legal de jubilación (de los 65 a los 67) y restringir el acceso a la jubilación anticipada.

Y conviene mencionar igualmente la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. Modifica ciertos aspectos del factor de sostenibilidad, introducido por la Ley 27/2011, que es un instrumento que con carácter automático permite vincular el importe de las pensiones de jubilación a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas. En cuanto al índice de revalorización, considera el total de ingresos y gastos, incluido el efecto sustitución y el número de pensiones, estableciendo además unos límites máximo y mínimo que garantizan que en ningún caso el incremento de las pensiones será inferior al 0,25% ni superior al IPC más el 0,25%.

Estas reformas no han sido del agrado de los progresistas ultramontanos y sindicatos, que no tienen más receta que actuar sobre los ingresos del sistema, a pesar de que saben o deberían saber que, además de nocivo para la economía, sería insuficiente.