Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, agosto 31, 2014

LA LIBERTAD DE EMPRESA Y LA COMPETENCIA SE ABREN PASO

Es una tradición de la progresía española –y de gran parte de la derecha— sostener un discurso de protección del pequeño comercio frente a las grandes superficies, siendo su motivación el resentimiento hacia las empresas que obtienen pingües beneficios antes que una especial querencia por los débiles. Una de las propuestas del partido de Pablo Iglesias es penalizar de algún modo a las empresas que, a su entender, crezcan demasiado.

Así las cosas, la libertad de horarios ha sido vista con recelo, por lo que durante muchos años no se permitió, ya que con su implantación estos pequeños comercios serían barridos del mapa. O al menos eso dictaminaba el pensamiento único. La crisis y una cierta pérdida de complejos por parte del PP, sin embargo, lograron eliminar aquella restricción, y en Madrid se pudo aprobar la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, que liberalizó los horarios por completo (mientras tanto, en Cataluña, donde el lobby de pequeños comerciantes es muy poderoso, se han aferrado a las viejas e ineficientes prohibiciones). Junto a ello, se suprimieron las licencias previas, quedando sustituidas por la declaración responsable de quienes deseen abrir un comercio.

Como era de esperar, las predicciones agoreras de la izquierda, siempre temerosa de la libertad, no se cumplieron. El sector comercial de Madrid, el más libre de España, creció en número de empresas y puestos de trabajo.

Las grandes superficies, obviamente, cuentan con ventajas en un entorno de libertad de horarios, pero eso no forzosamente condena a la extinción al comercio de proximidad. Puede competir aprovechando sus puntos fuertes, como la cercanía, la calidad, la atención al cliente o la tradición. Tratar de cobijarse bajo el manto protector de los poderes públicos, perjudicando con ello a los consumidores, es, a la larga, un error.

La competencia no es mala. En La competencia en España: Balance y nuevas propuestas, informe de 1995, el desaparecido Tribunal de Defensa de la Competencia expresaba que “la competencia conduce a una asignación de recursos más eficiente, estimula la inversión y el crecimiento económico e impone una férrea disciplina en los mercados que contribuye a frenar el crecimiento de los precios”. Y seguía afirmando que “a largo plazo todos nos beneficiamos de la introducción de competencia”.

Gracias en buena parte a la Unión Europea, el legislador español ha ido aprobando normas más respetuosas con la libertad de empresa y cuyo objetivo es reducir trabas injustificadas o desproporcionadas y promover la iniciativa privada en un entorno menos opresivo. Y una regulación menos compleja favorece a grandes y pequeños. Ejemplo fundamental fue la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006.

Ésta es la senda correcta y la que puede generar prosperidad. Menos restricciones a la libre competencia y más libertad de empresa. En cambio, el intervencionismo que propugnan Pablo Iglesias y sus mariachis es la vía directa al fracaso, el estancamiento y la miseria.

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