Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, julio 20, 2014

EL FINAL DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL OMNÍMODA

Desde hace mucho tiempo, la Justicia ha estado muy mal valorada por los españoles, al menos según las encuestas del CIS. Es por ello que un compromiso recurrente en los programas electorales de los partidos es el de la reforma de la Justicia, una reforma siempre pendiente e inacabada: cada Gobierno ha aportado algo. 

El actual Gobierno no es una excepción y, durante esta legislatura, ha puesto en marcha distintas iniciativas reformistas, en su mayoría poco o nada acertadas. La obra legislativa del Ministerio de Justicia, en general, ha sido calamitosa y deplorable, como era de esperar estando Gallardón al frente del mismo. 

No obstante, he de alabar la nueva limitación o restricción de la jurisdicción universal (vulgo justicia universal), muy contestada por los progresistas y la izquierda radical, que apoya todo que hace quedar a España en ridículo en el plano internacional.

Ya en 2009 el legislador decidió limitar la jurisdicción universal, cuya aplicación inmoderada por la Audiencia Nacional estaba produciendo escasos resultados tangibles y no pocos conflictos diplomáticos. Había dejado de ser un instrumento de protección de los derechos humanos para transformarse en un vehículo destinado al lucimiento personal de determinados magistrados. 

La reforma de 2009 recogía los sabios criterios expresados por el Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de febrero de 2003, en la que argumentaba que para que los tribunales españoles pudieran perseguir crímenes internacionales en aplicación de la jurisdicción universal debería concurrir “una conexión con un interés nacional como elemento legitimador”.

La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, que modifica el artículo 23 de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, señala, con razón, que “hoy en día la jurisdicción universal no puede concebirse sino desde los límites y exigencias propias del Derecho Internacional”. A tal fin, la reforma persigue el objetivo de delimitar “los supuestos en que la jurisdicción española puede investigar y conocer de delitos cometidos fuera del territorio en que España ejerce su soberanía”, atendiendo a los tratados internacionales y al principio de subsidiariedad. Sin entrar en el sumamente complicado texto legal, puede concluirse que la jurisdicción universal no es eliminada pero sí prácticamente anulada o reconducida a términos razonables.

Baltasar Garzón, juez prevaricador, ha vociferado en las páginas de El País contra el “oasis de impunidad” que origina la reforma, y a él se ha sumado un nutrido coro de “bleeding hearts”, que diría Pierre Trudeau, señal inequívoca de que el legislador no ha errado el tiro. La propia Audiencia Nacional, enfadada por esta súbita pérdida de poder, ha intentado presionar al legislador liberando a narcotraficantes bajo una interpretación harto discutible del artículo 23.4.i) LOPJ (véase la sentencia del pasado 28 de abril de la Sala de lo Penal y el voto particular de Fernando Grande Marlaska, Concepción Espejel y Ángel Hurtado).

España no podía permitirse el lujo de una jurisdicción universal con un ámbito de aplicación excesivamente amplio, y menos cuando la Justicia –desprestigiada y tecnológicamente atrasada-- acumula sangrantes retrasos en asuntos que afectan a miles de ciudadanos. La realidad se acaba imponiendo.

2 comentarios:

octopusmagnificens dijo...

Para finiquitar la jurisdicción universal omnímoda, hay que sofocar la rebeldía del poder judicial.

El Espantapájaros dijo...

El Tribunal Supremo ya ha infligido un duro golpe a los díscolos de la Audiencia Nacional.