Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, junio 15, 2014

LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL: LOS ENTES PÚBLICOS DE CARÁCTER FUNDACIONAL

La Administración pública no se reduce a los departamentos ministeriales. Forma parte de ella la conocida como Administración institucional (o, para Santamaría Pastor, las personificaciones instrumentales), compuesta por los organismos o entidades vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. Los numerosos entes que la conforman obedecen a la técnica de la descentralización funcional, que conoció un fulgurante desarrollo durante el régimen franquista, en consonancia con una política económica intervencionista. 

Dentro de esta Administración institucional, interesan particularmente los entes fundacionales o universitates bonorum. La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado los agrupa bajo la denominación genérica de organismos públicos, que son “los creados bajo la dependencia o vinculación de la Administración General del Estado, para la realización de cualquiera de las actividades previstas en el apartado 3 del artículo 2 [actividades de ejecución o gestión tanto administrativas de fomento o prestación como de contenido económico], cuyas características justifiquen su organización y desarrollo en régimen de descentralización funcional” (art. 41). Los organismos públicos gozan de  “personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión” (art. 42.1) y podrán ejercer “las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria” (art. 42.2).

El artículo 43.1 LOFAGE clasifica a los organismos públicos en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. Todos ellos deberán ajustarse al principio de instrumentalidad “respecto de los fines y objetivos que tengan específicamente asignados” (art. 44.1).

Los organismos autónomos, según el artículo 45.1 LOFAGE, “se rigen por el Derecho Administrativo y se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de un Ministerio, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos”. 

Por otra parte, a las entidades públicas empresariales (que no hay que confundir con las sociedad mercantiles estatales contempladas en la disposición adicional duodécima de la LOFAGE) se les encomienda “la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación” (art. 53.1) y “se rigen por el Derecho privado excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria” (art. 53.2). Se suele decir que estos organismos son producto de la huida del Derecho Administrativo.

Como notas en común entre organismos autónomos y entidades públicas empresariales, hay que señalar que comparten las reglas relativas a su creación, modificación y supresión (arts. 61 y siguientes LOFAGE).

El último  –y más reciente en el tiempo-- tipo de organismo público es la agencia estatal. La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos las define en su artículo 2.1 como “entidades de Derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas que son creadas por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias”. 

Elemento clave en el funcionamiento de las agencias estatales es el contrato plurianual de gestión (arts. 13 y 14 de la Ley 28/2006), pues determina sus objetivos y los planes y recursos para alcanzarlos. 

La panorámica descrita hasta ahora no estaría completa sin una referencia a los entes singulares o de régimen específico, o sea, los que no encajan en ninguna de las categorías anteriores. Su sola mención ya da cuenta de la complejidad y amplitud de la Administración pública española.