Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, marzo 09, 2014

¿ERA NECESARIA LA CREACIÓN DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL?

A fin de incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2011/85/EU, del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, se ha dictado la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de Creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Este ente de Derecho público, que goza de autonomía e independencia funcional respecto de las Administraciones Públicas (art. 1 de la Ley), tiene como fin específico garantizar el cumplimiento efectivo del principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el artículo 135 de la Constitución  mediante “la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público, y el análisis delas previsiones económicas” (art. 2).
 
Para ello, básicamente emite informes (recogidos en los arts. 14 a 23). Su Presidente, según el artículo 24, que debe ser un profesional de reconocido prestigio con experiencia mínima de diez años en materia de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público, es nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda, previa comparecencia parlamentaria. El actual Presidente es José Luis Escrivá
 
La pregunta que hay que formularse es si era necesaria la creación de este nuevo órgano. Bruselas insistió mucho en que España adoptara esta figura, ya presente en otros países, porque la considera útil para evitar desviaciones en las cuentas públicas o, cuando menos, para que los gobiernos no puedan alegar ignorancia o falta de información en relación con la evolución del gasto público y su incidencia en la estabilidad presupuestaria. 
 
Pero resulta que, desde mi punto de vista, ya existía en España una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la que atiende al nombre Tribunal de Cuentas, el órgano de control presupuestario por excelencia. Efectuando algunos ajustes en su normativa y reforzando sus medios y personal, no me cabe la menor duda de que el Tribunal de Cuentas podría haber asumido la labor informadora que se detalla en la Ley Orgánica 6/2013, para lo cual cuenta, además, con una larga trayectoria y personal muy formado.
 
Constituye una notable paradoja que un órgano cuyo objetivo es asegurar la disciplina presupuestaria pueda ser tildado de despilfarro. Sea como sea, la Autoridad Independiente se dedicará a evacuar informes que –en caso de que sean leídos— difícilmente se tendrán en cuenta, pues muchas Comunidades Autónomas siguen incumpliendo los objetivos de déficit, sin que se activen los mecanismos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el Gobierno, temeroso de recortar el gasto público, confía en la recuperación como único medio para reducir el déficit. 
 
Aun así, ojalá esta Autoridad Independiente sirva para otra cosa que no sea producir papeleo inútil y haga honor a su nombre, lo que debe llevar a su enfrentamiento con los poderes públicos que controla, permanentemente dispuestos a gastar sin freno.