Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, febrero 02, 2014

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA: EL SUPERVISOR ÚNICO

La existencia de una competencia efectiva es esencial para el buen funcionamiento de una economía de mercado. Como tuvo ocasión de señalar el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia en su imprescindible informe de 1995 (La competencia en España: Balance y nuevas propuestas), “la competencia conduce a una asignación de recursos más eficiente, estimula la inversión y el crecimiento económico e impone una férrea disciplina en los mercados que contribuye a frenar el crecimiento de los precios”. Por tanto, seguía afirmando, “a largo plazo todos nos beneficiamos de la introducción de competencia”. De la tarea de velar por la interdicción de prácticas restrictivas de la competencia se ha encargado hasta hace poco la Comisión Nacional de la Competencia. 
 
Asimismo, junto con lo anterior hay que resaltar el papel desempeñado por los diversos organismos sectoriales desde que, con el impulso de la Unión Europea, se abrieron a la iniciativa privada y se liberalizaron los mercados de redes (transportes, telecomunicaciones, energía…). Dichos organismos aseguran la separación vertical de las empresas, resuelven conflictos entre operadores, ejercen potestades de inspección y sanción y desarrollan otras funciones reguladoras. 
 
En la actualidad, se ha atribuido a un único organismo las funciones que correspondían a la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal y otras, de tal forma que la flamante Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asume la defensa de competencia y el control de la mayoría de sectores estratégicos regulados. 
 
Reputados juristas, como Santiago Muñoz Machado o José Eugenio Soriano, han discutido el acierto de esta operación, señalando que el modelo de autoridad multisectorial no es adecuado para España. 
 
Por su parte, el legislador fundamenta la reforma en varios argumentos, que van desde la seguridad jurídica ganada por la desaparición de la pluralidad de organismos reguladores a la inevitable austeridad, al aprovecharse economías de escala, sin olvidar la tesis –de aceptación no unánime entre los expertos-- de que el riesgo de captura del regulador es menor en el caso de las autoridades multisectoriales. 
 
Sea como fuere, la Ley 3/2013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya está en vigor. Paso a realizar un somero análisis de la misma, limitándome a tratar sus puntos básicos.  
 
La CNMC se configura como un organismo público (art. 1.1) cuyo objetivo es “preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios” (art. 1.2). Para ello, dispone el artículo 2.1, “está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y actúa, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado”. Está adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, “sin perjuicio de su relación con los Ministerios competentes por razón de la materia en el ejercicio de las funciones a que se refieren los artículos 5 a 12 de esta Ley” (art. 2.4).
 
Sus funciones aparecen reguladas en los artículos 5 a 12 del texto legal, pudiendo distinguirse, como ya se ha indicado anteriormente, entre aquellas que tienen por objeto salvaguardar la competencia en cualquier mercado, con arreglo a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y las que atañen a la supervisión y control de los sectores y mercados regulados (comunicaciones electrónica y audiovisual, mercados de electricidad y gas natural, el sector postal, las tarifas aeroportuarias y sector ferroviario). 
 
Su máximo órgano es el Consejo, integrado por diez miembros (art. 14.2) “nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Comisión, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados” (art. 15.1). Establece el artículo 15.2 que su mandato dura seis años sin posibilidad de reelección. 
 
Del buen hacer de este organismo, que debe actuar libre de ataduras, dependen importantes mejoras y correcciones de la economía española, tan dada al capitalismo de amigos y a que destacadas empresas se arrimen al poder en busca de favores. 
 
Así pues, y brindando por el triunfo de la competencia en beneficio de los consumidores, me uno a las palabras de bienvenida del crítico pero pragmático José Eugenio Soriano: “Habrá que desear suerte y éxito a esta complicada organización nueva”.

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