Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, noviembre 17, 2013

TRECE PROPUESTAS REFORMISTAS

Ya ha pasado un tiempo desde que se presentó el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. En él se contienen afirmaciones muy certeras, como la que sigue: “Una economía competitiva exige unas AA. PP. modernas, transparentes y ágiles. Necesita un sector público libre de solapamientos, duplicidades y gastos innecesarios. Volcado al servicio de ciudadanos y empresas, y equiparable a los sistemas más eficaces de nuestro entorno”.

En el Informe no sólo se detallan reformas a emprender, sino que también incluye otras que ya están en marcha, por ejemplo, la que afecta a la Administración local o la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Sin lugar a dudas,  muchas de estas reformas se quedarán en el camino por falta de voluntad política o serán víctima de una deficiente implantación o de resistencias al cambio en las estructuras administrativas.

He decidido elaborar mi propia relación de propuestas tendentes a la modernización de la Administración y mejora de su funcionamiento y servicio al ciudadano-administrado:

--Adopción de un procedimiento administrativo europeo, en línea con lo defendido por el profesor José Eugenio Soriano y otros en la obra Procedimiento administrativo europeo (Civitas, 2013). Incrementaría la seguridad jurídica, mediante el control de la acción administrativa de las instituciones europeas, y aportaría economía institucional, evitando así a los ciudadanos el tener que esperar a pronunciamientos concretos del Tribunal de Justicia.

--Reforma parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas para clarificar el régimen de responsabilidad patrimonial de las mismas, que ha tenido una construcción muy jurisprudencial y está necesitado de una actualización.

--Derogación del artículo 130.3 LRJAP, eliminando la responsabilidad solidaria en los supuestos de autoría múltiple de una infracción, solidaridad que ha sido declarada contraria al artículo 25.1 CE por el Tribunal Supremo.

--Derogar el apartado 7 del artículo 70 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (desplazamiento de la carga de la prueba en procesos en que se aleguen actuaciones discriminatorias por razón de sexo).

--Modificar el artículo 32.1.b) de la Ley de Expropiación Forzosa para que sólo forme parte del Jurado Provincial de Expropiación un técnico de la Delegación de Hacienda y supresión de la letra e) de dicho precepto. Asimismo, reformar las reglas del procedimiento de urgencia a fin de que responda efectivamente a una urgencia y limitar los márgenes de ese concepto.

--Modificar parcialmente el artículo 18 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado para que los directores generales sólo puedan ser nombrados entre los funcionarios mencionados en dicho precepto. Se busca así profesionalizar este órgano directivo y más neutralidad administrativa.

--Revisar a la baja en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria las cuantías de los recargos por declaración extemporánea. Además, eliminar la extensión a los adquirentes de explotaciones o actividades económicas de las sanciones por infracciones que pudieron cometerse con anterioridad, pues se está produciendo una vulneración de los principios sancionadores de personalidad y culpabilidad.

--Derogación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

--Reformar la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas en tres aspectos. Primero, los consejeros de cuentas únicamente podrán ser nombrados entre profesionales de reconocida competencia con más de 65 años. Segundo, aumento sustancial de la cuantía de las multas coercitivas que este órgano puede imponer por incumplimiento de sus requerimientos de información. Y tercero, establecimiento de cauces de coordinación y asistencia entre este órgano y la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado. Se reforzaría la independencia del TCU, así como su capacidad para fiscalizar las cuentas y la gestión económica del sector público.

--Reformar la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia con la finalidad de definir más taxativamente los tipos de las infracciones que contempla. La idea es aumentar la certeza de las empresas en lo tocante a conductas contrarias a la libre competencia y reducir la discrecionalidad del órgano supervisor.

--Derogación de los artículos 140 y 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que permiten a los entes locales establecer tipos infractores e imponer sanciones. Estas disposiciones atentan contra el principio de legalidad sancionadora.

--Revisión a la baja de todas las cuantías de sanciones pecuniarias recogidas en legislaciones especiales (excepto las de la LGT), ya que en muchos casos estas cuantías son manifiestamente desproporcionadas y responden a fines recaudatorios antes que a la función de represión y prevención que cumplen las sanciones.

--Derogación de todas las prohibiciones que afectan a locales y negocios privados previstas en la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

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