Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, septiembre 15, 2013

APUNTES RÁPIDOS ACERCA DEL CONTROL PRESUPUESTARIO

La idea de control es consustancial al ordenamiento presupuestario, hasta el punto de que algún autor, como Leonardo García de la Mora, lo caracteriza como “el ordenamiento del control de la Hacienda Pública”. La razón última de este control –controles, en verdad— estriba en que el Estado emplea recursos ajenos y escasos, con lo que la ejecución del gasto público no es un dato trivial.

Existen diversas clases de control. La clasificación más tradicional es la que distingue entre control interno (el realizado por un órgano de la Administración ejecutante) y control externo (ejercido por el Parlamento y el Tribunal de Cuentas, órganos no integrados en la Administración). En función del momento en que tiene lugar el control, se diferencia, por otra parte, entre control previo, concomitante y posterior. 

En España, el control interno y, precisando más, económico-financiero se encomienda a la Intervención General de la Administración del Estado, tal y como dispone el artículo 140.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria: “La Intervención General de la Administración del Estado ejercerá en los términos previstos en esta ley el control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal, con plena autonomía respecto de las autoridades y otras entidades cuya gestión controle”. 

Para llevar a cabo esta misión, añade el artículo 142 LGP que el control se concretará en la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública.

El control externo de tipo político es el que ejercen las Cortes Generales a través de funciones tan decisivas como el “examen, enmienda y aprobación” de los Presupuestos Generales del Estado (art. 134.1 de la Constitución) y la aprobación de la Cuenta General del Estado (art. 131 LGP), el ejemplo más claro de control a posteriori. Además, cuenta con otros instrumentos de control de carácter general sobre el Ejecutivo, como las comisiones de investigación o las interpelaciones y preguntas.

Por último, es necesario analizar, dentro del control externo, el Tribunal de Cuentas, “supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público”, en palabras del artículo 136.1 de la Constitución. Este órgano de relevancia constitucional se regula por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de marzo, del Tribunal de Cuentas y por la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

El artículo 2 LOTCu establece como funciones propias del Tribunal de Cuentas la “fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público” y el “enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos”. En el desempeño de esta doble función, su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional, “sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que para las Comunidades Autónomas puedan prever sus Estatutos” (art. 1.2 LOTCu).

El control de la ejecución de los PGE debe ser reforzado, valorado y estudiado, pues es un instrumento clave para garantizar la transparencia, evitar irregularidades y buscar un gasto público eficaz y eficiente, lo que redundará en beneficio del principio de estabilidad presupuestaria elevado a rango constitucional tras la reforma del artículo 135 CE en 2011.

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