Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, julio 21, 2013

OTRA VEZ SOBRE LA GESTIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA

Semanas atrás, caminando por la calle, me encontré con unos individuos con mal aspecto que se dedicaban a repartir papeletas para votar en la consulta popular sobre la sanidad pública madrileña auspiciada por sindicalistas. Cogí una de las papeletas. Como esperaba, la pregunta no podía ser más manipuladora, pues uno tenía que elegir entre la privatización o no de la sanidad, no sobre su gestión, que es lo que realmente está en juego en Madrid. No se puede confundir la privatización del servicio con la privatización de la gestión. Éste es un ejemplo de las muchas falsedades y tergiversaciones que rodean este asunto, en el que desde el principio los sindicalistas están intentando engañar a la gente.

Ellos, por supuesto, se alzan en favor del derecho a la salud de los pacientes y de las dogmáticas virtudes de lo público, aunque, en el fondo, les mueve el sectarismo ideológico y, aún más, sus intereses particulares. No quieren que un empresario meta la mano en su coto privado, donde hacen y deshacen a su antojo.

¿Repugna a la figura del servicio público su gestión por parte de particulares? En absoluto. En la propia noción de servicio público como actividad de prestación que asume la Administración para satisfacer necesidades generales conforme a un régimen especial (exclusiva o predominantemente de Derecho público) está ínsita la posibilidad de la gestión indirecta mediante concesión u otras fórmulas. Fue así ab initio: en los orígenes de la actividad de servicio público ésta no se concebía si no era destinada a ser gestionada por un particular, según expone José Luis Meilán Gil: “Contenido económico y gestión indirecta son esenciales en la configuración originaria del servicio público”.

El servicio público ha ido sufriendo una evolución, muy acentuada en la segunda mitad de los noventa, cuando fueron objeto de privatización y liberalización los grandes servicios de redes (telecomunicaciones, energía, servicios postales y transporte). Se fue a un régimen de libre competencia, dejando a salvo una serie de obligaciones de servicio público que protegen el interés general. A día de hoy, cabe afirmar que la disciplina de mercado en dichos servicios ha redundado en beneficio del consumidor (precios más bajos y diversificación de la oferta).

Pero no está en los planes de nadie la privatización de la sanidad pública madrileña, tan sólo la gestión indirecta de determinados hospitales y centros de salud, una técnica que, ya se ha dicho, no es extraña al concepto de servicio público.

La pregunta entonces es si hay alguna razón para descartar una colaboración entre el sector público y el privado en este ámbito. La Constitución, en su artículo 43, recoge el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad establece como principios del Sistema Nacional de Salud la financiación pública, la universalidad y la gratuidad de los servicios en el momento del uso. En ninguna parte se dice qué tipo de gestión es la adecuada o si se puede hacer negocio o no con la sanidad, una cuestión a la que podrían responder --dicho sea de paso-- muchos de los implicados en la llamada rebelión de las batas blancas, que por la mañana se manifiestan voceando consignas (“Queremos pacientes, no clientes”, proclaman) y por la tarde pasan consulta en sus clínicas privadas.

Por lo demás, sobran los motivos económicos para explorar nuevas fórmulas en la gestión de la sanidad que optimicen recursos y ahorren costes. La sanidad pública padece un problema de financiación cuyas causas puede entender cualquiera: la crisis económica y, al mismo tiempo, los cambios demográficos experimentados por la sociedad española, cada vez más envejecida, junto con los avances en tratamientos y tecnología, que han disparado los costes. Una sanidad endeudada no será viable en el futuro.

Por ello, y justamente para asegurar este servicio, no para destruirlo, se está ensayando esta propuesta en Madrid. Es verdad que, a priori, la gestión pública podría ser igual de eficiente que la privada. Pero la realidad pone de manifiesto que un empresario que se juega su dinero se preocupará más de la excelencia de la gestión que un burócrata designado por los políticos.

En los hospitales donde ya se está practicando, los usuarios no han percibido diferencias respecto a la situación anterior, y la calidad es la misma, para desgracia de los miopes y fanáticos que testarudamente se oponen a todo cambio.

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