Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, mayo 12, 2013

POR UN SECTOR PÚBLICO TRANSPARENTE

En un escenario, el de la crisis española, salpicado de importantes escándalos de corrupción, así como de una percepción ciudadana de corrupción generalizada (percepción no siempre justificada), se ha concebido la transparencia del sector público como una forma de prevenir y combatir tales comportamientos. Pero ésa no es su única finalidad, ya que es un objetivo deseable que los ciudadanos puedan conocer mejor cómo se gastan los recursos públicos.

La proyectada Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno es una de las medidas de regeneración democrática planteadas por el Gobierno. Con ella, se quiere garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública, no limitándose dicho acceso a los archivos y registros administrativos, que es lo que ya se recoge en la Constitución [art. 105.b)].

Por lo pronto, se ha abierto un interesante debate sobre la transparencia y sus límites, unido, naturalmente, a las distintas modificaciones que está sufriendo el proyecto en su tramitación parlamentaria (por ejemplo, inclusión de la Casa Real en su ámbito subjetivo).

Pese a que se trata de un notable avance respecto a la situación anterior, también han aparecido críticas que apuntan a las debilidades y carencias de esta novedosa legislación. Destacan las emitidas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que ha señalado, entre otros aspectos a mejorar, que el proyecto se aleja de las principales normas internacionales sobre la materia, pues no reconoce el acceso a la información como un derecho fundamental, excluye del conocimiento público parte de la información parlamentaria y judicial, se prevén muchos límites y excepciones al acceso a la información, no se crea un órgano independiente de supervisión (la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios actuará dentro de un ministerio) y que no se otorga a la Ley de Transparencia prevalencia sobre regulaciones de materias específicas.

Con independencia de en qué términos se apruebe el texto legal, conviene reflexionar sobre la justificación de la misma y la transparencia que parece estar exigiendo la sociedad. Sin duda, en los últimos tiempos se ha puesto de relieve que la opacidad y los fallos en los mecanismos de control de los poderes públicos han amparado abusos, corruptelas y despilfarros. La transparencia, en este sentido, está plenamente justificada: puede verse como un instrumento de medición de la calidad de las instituciones, algo muy necesario para la economía española. La duda que surge es si será real o se quedará en un mero ejercicio propagandístico.

Y no hay que obviar, por descontado, los inconvenientes de una excesiva transparencia: el foco de los medios de comunicación, o la permanente presencia de luz y taquígrafos, pueden coartar determinadas decisiones políticas y acuerdos, tornando a los gobernantes en seres aún más sensibles a una opinión pública voluble, contradictoria e inclinada a la hipérbole. Estoy a favor de la transparencia, de más apertura y datos, pero siempre que no se convierta en un circo que sólo valga para entorpecer las labores de la Administración.

No debe ignorarse que la exigencia de transparencia nace unida a un modelo de democracia participativa, con una fuerte presencia de Internet e influencia de las redes sociales, que ha de evitarse a toda costa.

Por último, es de destacar que ni códigos de conducta, ni transparencia ni leyes penales más duras eliminarán por completo la corrupción. Los remedios más efectivos y duraderos, al alcance de una voluntad política decidida, son dos. Primero, reforzar el control financiero que ejerce el Tribunal de Cuentas. Segundo, reducir el tamaño del Estado (a más intervención de los poderes públicos, más oportunidades y tentaciones de recurrir a prácticas corruptas), cerrando empresas públicas, fusionando municipios y suprimiendo cargos de confianza.

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