Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, mayo 26, 2013

EL DERECHO DE REUNIÓN: CARACTERIZACIÓN Y PROBLEMAS ACTUALES

Según la Delegación del Gobierno en Madrid, en 2012 hubo en dicha ciudad –la preferida para efectuar protestas, habida cuenta de su condición de capital de la nación--, 3419 manifestaciones, frente a las 1963 de 2011. El aumento de las manifestaciones es consecuencia no sólo de la fuerte contestación izquierdista a la política del Gobierno, sino también de un descontento ciudadano con el concepto mismo de democracia representativa, lo que lleva a una mayor presencia en las calles de la gente, si bien, al propio tiempo, se cuestiona la efectividad de las manifestaciones y concentraciones tradicionales, surgiendo así nuevas formas de protesta, como se verá después, que desbordan el derecho de reunión constitucionalmente garantizado.

Aparece reconocido en el artículo 21 de la Constitución el “derecho de reunión pacífica y sin armas”, una de cuyas expresiones es la reunión “en lugares de tránsito público y manifestaciones”. Expresamente declara el texto constitucional la falta de necesidad de autorización previa para ejercerlo.

Se comprende fácilmente la importancia de este derecho tanto por su estrecha ligazón con la libertad de expresión, el derecho de asociación y la participación política como por su dimensión práctica y las tensiones que puede originar. El elevado número de manifestaciones en Madrid, antes señalado, es una constante fuente de preocupaciones para la ciudad y sus dirigentes.

El precepto constitucional ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión. Lo más destacable de ella es que establece el procedimiento de comunicación previa (no autorización) a la autoridad gubernativa (Delegado o Subdelegado del Gobierno) para poder llevar a cabo una manifestación.

A efectos de la LODR, “se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada” (art. 1.2). Hay que observar, respecto al elemento subjetivo de este derecho, que la reunión se diferencia de una mera aglomeración por su carácter concertado y que algunos ciudadanos pueden ver limitado su ejercicio (militares).

El procedimiento se regula en los artículos 8 a 11. La comunicación se dirigirá a la autoridad gubernativa con una antelación de diez días naturales y treinta como máximo (se prevé que en casos de urgencia el plazo se reduzca a 24 horas). Comunicación que es responsabilidad de los organizadores o promotores.

La autoridad gubernativa podrá prohibir la reunión o manifestaciones cuando estime con razones fundadas que pueden producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, o bien proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario.

Asimismo, la autoridad está facultada para suspender y disolver las reuniones y manifestaciones penalmente ilícitas y aquellas en las que se hiciere uso de uniformes paramilitares.

En relación con el concepto de orden público, éste protege la seguridad de bienes y personas, sin que responda a una orientación ideológica o incluso a valores constitucionales. El Tribunal Constitución, además, aplica aquí el principio favor libertatis frente a restricciones abusivas o con poca justificación.

Las coordenadas en que se mueve la problemática reciente sobre este derecho fundamental son tímidos llamamientos a modularlo o limitarlo, de un lado, y el abuso del mismo por parte de ciertos grupos radicales, de otro.

Así, en una fecha tan lejana como 1992 se lanzó la propuesta del manifestódromo, un lugar situado a las afueras de Madrid donde se desarrollarían las manifestaciones, evitando así molestias y daños en la capital. A tal propuesta cabe oponer lo que, con buen juicio, expresó Jorge de Esteban, que no fue otra cosa que recordar que es consustancial al derecho de reunión la idea de presión, un elemento que quedaría muy debilitado en caso de alejar las manifestaciones de la capital. Esta posición es avalada por la doctrina del TC, para el que el espacio urbano no es sólo un lugar de circulación, sino también de participación política.

Si parece ciertamente difícil cambiar la LODR para modular este derecho respetando su contenido esencial, el ejercicio abusivo ha sido notorio en los últimos tiempos. La ocupación del espacio público por movimientos asamblearios, como el de los indignados, y el hostigamiento y acoso a parlamentarios o miembros del Gobierno en sus domicilios particulares con el propósito de influir coactivamente en su política son claros ejemplos de vías de hecho que se sitúan fuera del derecho recogido en el artículo 21 CE y constituyen un problema que es necesario atajar con una mezcla de mesura y firmeza no siempre fácil de lograr.

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