Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, abril 07, 2013

CRÍTICA A LOS MÉTODOS Y A LA LEY DE LOS ANTIDESAHUCIOS

En un país cada vez más proclive a la demagogia barata, es natural que estén proliferando actos de acoso a los políticos en sus domicilios, práctica habitual, según dicen, en lugares tan poco recomendables como Argentina. Al acoso de la muchedumbre se le está denominando con un nombre que no utilizaré por no caer en lo soez. Acoso y coacción son términos, en cualquier caso, más exactos.

Se ha pasado de cercar las sedes del PP a cercar los domicilios de sus parlamentarios. La izquierda radical debe de estar contenta con el salto cualitativo, pero el resto de la sociedad tendría que exigir moderación y orden. Hasta los políticos gozan de un espacio privado, sin perjuicio de que sea más reducido que el de un ciudadano normal. La actividad política incide en la vida de los demás, por lo que los políticos han de estar acostumbrados a sufrir protestas y sentir de cerca el malestar de la gente. No todo pueden ser coches oficiales y despachos con moqueta. Cosa distinta es que la presión se transforme en acoso, se generalice, alcance el domicilio particular y apunte siempre en la misma dirección, o sea, al PP.

El objetivo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es obligar –o amedrentar, o intimidar-- a los parlamentarios del PP a que voten a favor de la iniciativa legislativa popular que esa organización presentó en el Congreso de los Diputados. Es una estrategia que se sitúa fuera de los cauces normales en una democracia representativa. Escuchando a la nunca hipotecada Ada Colau, uno se imagina que los activistas entregan amablemente una carta a sus objetivos, como hacían los cartistas en el siglo XIX, cuando la realidad es que la escena se asemeja más a los grupos de montoneros deformes y vociferantes que arrasan las propiedades privadas de los terratenientes en Sybil (1845), de Benjamin Disraeli, quedando reservado el papel del depravado obispo Hatton, su líder analfabeto, a Colau.

No es convincente justificar el acoso organizado señalando que los criminales son las entidades financieras y que nada se hace contra ellas, o invocando la desesperación de los que padecen un procedimiento de desahucio. Al margen de la falsedad del primer aserto, eso no justifica nada. La desesperación no confiere un derecho a romper las reglas y forzar la libertad de un Parlamento democráticamente elegido.

Me centraré ahora en la ley que quieren aprobar como sea. La iniciativa legislativa popular, partiendo de un preámbulo manipulador, en el que se da por sentado --sin aportar argumentos-- que la autonomía de la voluntad en la contratación de créditos hipotecarios ha desaparecido, viene a introducir dos perlas: dación en pago y paralización de los lanzamientos, a lo que se añade el llamado alquiler social a precios de risa. En resumidas cuentas, primero se extinguiría la deuda por la dación en pago; y, seguidamente, cuando se trate de una vivienda habitual, el antes deudor podría seguir viviendo en ella durante cinco años pagando una renta no superior al 30% de sus ingresos. No está muy claro si transcurridos esos cinco años podrá ser finalmente efectuado el lanzamiento, ya que la prohibición del mismo se presenta como absoluta. Estas disposiciones tendrían aplicación retroactiva.

Pues bien, se supone que es una ley de mínimos. Si tales son las aspiraciones mínimas, no me quiero ni imaginar cuál será el tope. A lo mejor, ni un amago de satisfacer la deuda contraída, porque ya con la regulación que se dicta en la propuesta legislativa lo único que se devuelve es el valor actual que tenga la vivienda, sin intereses. El banco, en la mayoría de los casos, perdería dinero.

Esta regulación ni es de mínimos ni es aceptable: supone un cambio radical de sistema. Caso de aprobarse, el acceso al crédito hipotecario se restringirá enormemente. Las entidades financieras, ante la eliminación de las garantías que aseguran su crédito, sólo concederían éste bajo condiciones muy exigentes. Los que se endeudaron por encima de sus posibilidades saldrían muy beneficiados, claro está. En cambio, las consecuencias para los que en un futuro se planteen adquirir una vivienda en propiedad serían negativas.

Conviene que esa proposición de ley no sea aprobada. Lo cual, lógicamente, no es incompatible con una revisión del procedimiento de desahucio o con medidas de socorro para los supuestos más extremos.

3 comentarios:

octopusmagnificens dijo...

¡Magnífico! He aprendido leyendo este post.

El Espantapájaros dijo...

Muchas gracias. Creo que hay que dotarse de argumentos contra Ada Colau y la PAH, porque la simpatía al parecer natural que despiertan en mucha gente (véase, por ejemplo, el público alienado de "El Gran Debate") está soslayando un debate sensato sobre las bondades de sus propuestas.

Fernando Rico dijo...

totalmente de acuerdo