Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, febrero 10, 2013

EL PAPEL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

El Tribunal de Cuentas es el “supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público” (art. 136.1 de la Constitución). Depende de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado (dependencia sólo predicable de sus tareas fiscalizadoras, no de las jurisdiccionales). Este órgano de relevancia constitucional se regula por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de marzo, del Tribunal de Cuentas y por la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

El artículo 2 LOTCu establece como funciones propias del Tribunal de Cuentas la “fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público” y el “enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos”. Para desempeñar esta doble función, su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional, “sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que para las Comunidades Autónomas puedan prever sus Estatutos” (art. 1.2 LOTCu).

El Pleno del Tribunal se compone de doce Consejeros de Cuentas, uno de los cuales será el Presidente, y el Fiscal (al frente de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas). Los Consejeros de Cuentas, de conformidad con el artículo 30.1 LOTCu, son designados por las Cortes Generales, exigiéndose mayoría cualificada de tres quintos de cada una de sus Cámaras, por un período de nueve años, entre distintos cuerpos de funcionarios y profesionales de reconocida competencia y más quince años de ejercicio profesional. El artículo 30.2 dispone que los Consejeros son independientes e inamovibles.

En relación con la elección de los Consejeros, se ha criticado la politización o el reparto de poder --propio del juego político en órganos de esta clase-- y la extensión de los mandatos, pues muchos Consejeros han sido nombrados varias veces.

El Tribunal de Cuentas es un órgano clave para la transparencia y el correcto manejo de los recursos públicos. Después de todo, es el órgano de control presupuestario independiente o externo. Y su función fiscalizadora abarca a las personas físicas y jurídicas privadas que hayan recibido subvenciones y ayudas del sector público (art. 4.2 LOTCu). De ahí que audite las finanzas de los partidos políticos.

Una crítica frecuente contra su actividad alude a la excesiva lentitud en cumplir sus tareas y el retraso en la emisión de los informes (art. 12 LOTCu). Se prevé que en abril se publique el correspondiente a las cuentas de los partidos en 2008. No sin razón autores tan prestigiosos como Martínez Lago han bautizado al Tribunal de Cuentas como Panteón de las cuentas del Estado, observando que es el último en llegar a los casos de corrupción. Con todo, el actual Presidente, Ramón Álvarez de Miranda, tiene la determinación de superar el retraso dedicando más personal a la Sección de Fiscalización.

No hace falta decir que reforzar los medios del Tribunal de Cuentas e introducir algunas reformas para darle más poder y agilidad en sus procedimientos debería estar en la mente de cualquier político decidido a cortar por lo sano la corrupción que gangrena el sistema. La realidad, sin embargo, no es ésa: lo que hoy mismo ha propuesto Rubalcaba no es más que filfa, humo de pajas para un discurso demagógico. El Tribunal de Cuentas puede ser un arma muy eficaz contra corruptos, irregularidades y políticos derrochadores. Me temo que ésa es la causa de que los partidos lo quieran tener aletargado y bien atado.