Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, diciembre 30, 2012

PRIMER AÑO DE GOBIERNO POPULAR: JUSTICIA Y HACIENDA (Y II)

El Ministerio de Hacienda ha sido uno de los que más actividad ha desarrollado durante este primer año de Gobierno popular, si no el que más. Lo cual habla a favor de la capacidad de trabajo de su titular, Cristóbal Montoro, pero conlleva estar más expuesto a las críticas y a incurrir en errores. No obstante, estaba claro que la tarea de este departamento era fundamental para enderezar la situación heredada en diciembre del año pasado.

Aunque lo fácil sería descalificar a Montoro por su recién nacida pasión por subir impuestos, hay que ser justos y afirmar que ha habido decisiones y proyectos acertados. Entre ellos, el plan de pago a proveedores de la Administración, el desarrollo legal del principio de equilibrio presupuestario recogido en el nuevo artículo 135 de la Constitución y la declaración tributaria especial para regularizar bienes y derechos no declarados (amnistía fiscal). Asimismo, hasta el presente momento Montoro ha demostrado firmeza frente a las Comunidades Autónomas que peor están llevando a cabo la reducción del déficit. Es de esperar que dicha firmeza no se debilite si llega a darse el supuesto de tener que intervenir una Comunidad Autónoma. Ésa será la prueba de fuego.

Huelga decir que no comparto la estrategia de subir los impuestos para combatir el déficit, sobre todo si a esa estrategia se encomienda más de la mitad del éxito del ajuste que tiene que realizar el sector público. Han subido el IRPF, el IVA y los impuestos especiales; además, han eliminado muchas deducciones del Impuesto de Sociedades. Se está exigiendo un esfuerzo enorme a ciudadanos y empresas, aunque, como era obvio, los niveles de recaudación han sido menores de lo previsto, pues de donde no hay no se puede sacar deprimiendo aún más la actividad económica. "En la economía real, los incentivos fiscales son muy importantes para acelerar o frenar el crecimiento", ha recordado Arthur Laffer. El furor impositivo al que se han entregado Montoro y compañía no es el mejor aliado del consumo o de la inversión empresarial.

El último pilar importante de la actividad del Ministerio de Hacienda, y auténtica piedra de toque de Montoro, ha sido la lucha contra el fraude fiscal. Bien está que se dote a la Agencia Tributaria de más medios y personal, y que se persiga al defraudador con tenacidad. No obstante, en su conjunto la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que refuerza los poderes de la Agencia Tributaria para perseguir el fraude fiscal (en la práctica, el reverso tenebroso de la amnistía fiscal), es, a mi modo de ver, un ataque demasiado incisivo contra los derechos de los contribuyentes y posiblemente muchas de las medidas que se contienen en ella sean discutibles desde distintos puntos de vista. Pienso en el ejemplo de las medidas cautelares que ahora puede adoptar la Administración tributaria en el proceso por delitos contra la Hacienda Pública sin consultar al juez --aunque éste tenga que convalidarlas con posterioridad--, aun en el caso de que el proceso no sea consecuencia de una previa inspección tributaria.

La lucha contra el fraude fiscal, o dicho de otra forma, que todos cumplan correctamente sus obligaciones tributarias, es imprescindible e inexcusable, haya o no crisis. Pero me preocupa que la demagogia antifraude en la que está cayendo el Ministro se traslade a los textos legales, con perjuicio de la calidad de las leyes tributarias y su adecuación a los principios que rigen en un Estado de Derecho.

En este preciso sentido, la idea de Montoro de publicar una lista de morosos y defraudadores, que aireó con suma vulgaridad en sede parlamentaria, no sólo atenta contra la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (el art. 95 establece el carácter reservado de los datos con transcendencia tributaria), sino que no respeta el derecho a la intimidad y al honor protegido constitucionalmente (art. 18 CE), "no se puede decir más claro y en plata".

Mi conclusión es que el Ministerio de Hacienda debería abandonar esa vertiente demagógica y centrarse en proponer reformas más razonables. Y, ante todo, tiene que ser riguroso con los recortes de gasto público que han de practicar las Comunidades Autónomas. La vigilancia y, en su caso, la intervención son armas al servicio del equilibrio en las cuentas públicas y no hay que dejar que se oxiden.

No hay comentarios: