Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, diciembre 23, 2012

PRIMER AÑO DE GOBIERNO POPULAR: JUSTICIA Y HACIENDA (I)

De resultas de mi formación e intereses, los dos departamentos gubernamentales que más hondamente me afectan son Justicia y Hacienda. Después de un año de Gobierno del Partido Popular, es claro que las decepciones han sido más que las satisfacciones, especialmente en los dos departamentos citados, en los que voy a concentrar mis críticas.

En enero escribí, ingenuo de mí, que la “reforma clave para la regeneración de la Justicia es la del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que ya no serán exclusivamente elegidos por el Parlamento, recuperándose, pues, el sistema de elección original, el más acorde con lo que dicta la Constitución en su artículo 122”. Pensaba por aquel entonces que Gallardón haría honor a su palabra y reformaría el CGPJ en ese preciso sentido. Hoy ya es conocido que la reforma va a dejar todo prácticamente igual, siendo los cambios meros retoques cosméticos. Con suma desvergüenza se ha vanagloriado Gallardón de que, gracias a que va a dejar todo en esencia igual que antes, ha podido llegar a un acuerdo con el PSOE. Una componenda propia de Gallardón. El hecho de que el PSOE estuviera en desacuerdo era, en todo caso, una señal inequívoca de que la reforma iba por la buena senda. Ahora se ha echado a perder por completo.

Pero no se ha limitado Gallardón a defraudar promesas, sino que también se ha sacado de la manga unas tasas judiciales abusivas, chapuceras e inconstitucionales. Las tasas son útiles en muchos ámbitos como medio de financiación de servicios públicos, pero en la Justicia y en su versión actual sobrepasan, en razón de su cuantía y extensión (antes sólo las abonaban las grandes empresas), cualquier límite razonable y menoscaban el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 CE.

Como injuria añadida, hay que aludir a la chapucera técnica legislativa empleada en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, denunciada por Andrés de la Oliva, que ha reflejado en sus escritos un buen número de objeciones a este atropello de Gallardón. Tal fue la chapuza, que el día de su aprobación no había formularios del Ministerio de Hacienda con los que liquidar las tasas, por lo que hubo que retrasar su aplicación. Este episodio revela que el Ministerio de Justicia está hoy en manos de incompetentes y que el único valor político que atesora Gallardón es saber usar divinas palabras. Cuando se trata de gestionar, fracasa, y eso lo pagan los contribuyentes y la seguridad jurídica.

Los argumentos que se manejan para justificar la aplicación de unas tasas tan elevadas no son convincentes. Cualquiera puede comprobar, revisando los datos, que el número de litigios en España está descendiendo, no aumentando. Por tanto, no hace falta obstaculizar el acceso a la Justicia con la finalidad de evitar un número excesivo de procesos. Y, sin perjuicio de lo anterior, el mensaje que se traslada a la ciudadanía, esto es, que los conflictos no hay que dirimirlos en los tribunales, es muy poco presentable en un Estado de Derecho. Por último, esa intención, reflejada en el texto legal, de que lo ingresado por las tasas se destinará a financiar la asistencia jurídica gratuita no es más que una vestimenta políticamente correcta para tapar las vergüenzas de una norma nefasta.

Si a Gallardón no le dieran alergia los pensadores liberales, debería leer A Protest Against Law Taxes (1795), de Jeremy Bentham, que afirmaba que las tasas judiciales eran el peor y más injusto tributo posible: “It is a well-known parliamentary saying, that he who reprobates a tax ought to have a better in his hand. A juster condition never was imposed. I fulfil it at the first word. My better tax is---any other that can be named”. Pero quizá, habida cuenta de la importancia que otorga este hombre a la familia, bastaría con que leyera lo que su padre, José María Ruiz Gallardón, consignó en una enmienda a un proyecto de ley de supresión de tasas judiciales en 1986: “Con el fin de hacer efectivo el abaratamiento de la Justicia, no sólo es preciso suprimir las tasas y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, sino también el Impuesto sobre el Valor Añadido, que grava las actuaciones de los profesionales que intervengan en toda clase de procesos”. ¡Qué diferente el padre del hijo! ¡Cuánto degeneran las dinastías políticas de una generación a otra!

En fin, la Justicia está necesitada de reformas serias. Por ejemplo, no se explica cómo puede ser que cada Comunidad Autónoma haya implantado un sistema informático distinto que dificulta la comunicación entre órganos judiciales. Gallardón, sin duda, no es la persona adecuada para encargarse de esta materia. Sugiero que se le nombre embajador de algún país alejado de España y que vaya allí a soltar discursos engolados y tragarse sesiones de ópera.

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