Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, noviembre 18, 2012

CONTRA LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA FISCAL

La única objeción de conciencia reconocida de manera expresa por la Constitución de 1978 es la vinculada al servicio militar (art. 30.2), protegida, además, por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2). Ello no obsta a que, a lo largo del tiempo, hayan aparecido otros supuestos de objeción de conciencia que han recibido una respuesta desigual de la jurisprudencia. Cito, a título de ejemplo, la objeción de conciencia al aborto (al principio sin cobertura legal, pero aceptada por el TC en su Sentencia 53/1985, de 11 de abril, y recogida hoy en el artículo 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de maro, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo), la objeción de conciencia a tratamientos médicos o la más dudosa objeción de conciencia a los matrimonios homosexuales. Y, recientemente, parece que de la mano del Sindicato Unificado de Policía puede hablarse de objeción de conciencia policial a participar en desahucios.

Para Santiago Cañamares, en estos casos “el individuo se encuentra en la disyuntiva de obedecer a la norma o a su propia conciencia, que le impone no atenerse a las exigencias de la primera, ya le reclamen un comportamiento activo u omisivo, tratando de encontrar una salida razonable que respete su conciencia” (Derecho Eclesiástico del Estado, Colex, 2011, p. 111). El fundamento de dar efectividad al conflicto que nace entre la conciencia de un individuo y una norma jurídica reside en la libertad de conciencia consagrada en el artículo 16 CE. Y no es un derecho fundamental menor, como es obvio. Pero los casos son muy variados, así como las consecuencias, por lo que es preferentemente la jurisprudencia la llamada a resolver la cuestión de sus límites. Debería aplicarse, según Cañamares, la regla de la proporcionalidad, a fin de que la libertad de conciencia sea afectada sólo cuando entre en colisión con ella un interés de relevancia constitucional equivalente (ibidem, p. 114).

El TC, por un lado, ha afirmado que la objeción de conciencia “es un derecho reconocido explícita e implícitamente en la ordenación constitucional española” (STC 15/1982, de 23 de abril, Fundamento Jurídico 6) y, por otro, que “el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera […], admitiéndose sólo “excepcionalmente respecto a un deber concreto” (STC 161/1987, de 27 de octubre, FJ 3). Esta segunda línea es la que ha acabado imponiéndose.

Entrando en la objeción de conciencia fiscal, la pregunta es: ¿Caben excepciones basadas en la conciencia al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31 CE)? Lo primero es explicar el porqué de esta objeción. No se busca defraudar la cuota tributaria, sino dejar de pagarla porque el objetor no desea que se financien con lo recaudado fines contrarios a su propia conciencia (véase Rafael Navarro-Valls, “Las objeciones de conciencia”, Derecho Eclesiástico del Estado español, Eunsa, 2004, p. 171). En concreto, una modalidad habitual ha sido la de no pagar la parte del IRPF que correspondería, en teoría, a gastos de defensa.

Pues bien, el TC, en su Auto 71/1993, de 1 de marzo, ha argumentado en contra de la objeción de conciencia fiscal. El objetor solicitaba deducirse del IRPF la parte proporcional correspondiente, según sus estimaciones, a los gastos de armamento previstos en los Presupuestos Generales del Estado de 1986. Presenta recurso de amparo y el Alto Tribunal no lo admite a trámite. El rechazo del TC es tajante, pues “no cabe invocar la objeción de conciencia como excepción al deber general previsto en el art. 31 C.E., por carecer tal pretensión de fundamento constitucional y no estar, además, prevista en el ordenamiento tributario” (FJ 3). Ni siquiera “cabe ampararse en la libertad ideológica del art. 16 C.E. para pretender de este Tribunal, con base en este derecho, ni que se reconozca una excepción al cumplimiento del deber general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 C.E.), ni la adopción de formas alternativas de este deber, como parece haber sostenido el recurrente ante la Administración Tributaria”, puesto que implicaría atribuir a cada contribuyente “la facultad de autodisponer de una porción de su deuda tributaria por razón de su ideología” (ibidem).

Compete a las Cortes Generales la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, como destaca el TC, a los ciudadanos les asiste el derecho clave de “participar en los asuntos públicos eligiendo a sus representantes a través de elecciones periódicas, en las que podrán censurar o dar su aprobación, mediante su voto, a la actuación llevada a cabo en las Cortes Generales por los partidos políticos en relación con la concreta determinación en los Presupuestos Generales del Estado de las previsiones de ingreso y las autorizaciones de gastos para cada ejercicio económico” (ibidem). Lo cual es la dinámica propia de un Estado de Derecho.

A pesar de que claramente la conciencia de uno no debiera confundirse con las obligaciones tributarias, determinados personajes de la vida política española pusieron de manifiesto, con ocasión de la aprobación de la amnistía fiscal, una amorosa relación entre moral e impuestos. Así, los que se oponían a la amnistía aducían que era inmoral. Lo que para unos es bueno desde el punto de vista moral, para posibles objetores sería indeseable, y podrían decir que no es moral pagar impuestos, al menos en la parte que ellos entienden financiaría gastos inaceptables. Por lo tanto, es más conveniente no hacer de los impuestos un tema moral: son una obligación puramente legal y absolutamente imprescindible para mantener un Estado operativo. La moral, en mi opinión, se caracteriza por su no exigencia coactiva, justo lo contrario que los tributos.

3 comentarios:

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