Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, septiembre 02, 2012

SANIDAD PÚBLICA Y SOLIDARIDAD CON DINERO AJENO

De acuerdo con las disposiciones del Real Decreto-Ley 16/2012, desde ayer los inmigrantes irregulares han perdido su tarjeta sanitaria y, con ello, la cobertura sanitaria gratuita. Los progresistas, con su probada habilidad para el teatro, se han rasgado las vestiduras. No han tardado en aparecer los típicos médicos comprometidos que van enseñando su vello pectoral dando lecciones de moral y derechos fundamentales. Sin lugar a dudas, el lloriqueo interesado e hipócrita de distintas asociaciones y colectivos de médicos que están llamando a seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares refrenda la solidez de la definición de progresista aportada por el controvertido Gordon Liddy, clásico (y malogrado) fontanero de la Casa Blanca durante los años de Nixon: "Progresista es el que se siente profundamente en deuda con el prójimo y que propone saldar esa deuda con tu dinero".

El mensaje de uno de los vídeos de protesta difundidos, protagonizado por médicos y demás personal sanitario, es que ellos van a anteponer su moral y ética a las leyes vigentes. Invocando esta suerte de objeción de conciencia pretenden saltarse las normas. Hablan del derecho a curar, amenazado por esta limitación de la universalidad de la sanidad pública española.

Pues bien, no se les puede negar ese derecho a curar. Pero que lo hagan estrictamente con su dinero. Estoy harto de solidaridad con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Los médicos que se sientan más solidarios que el resto de los mortales, si desean dar satisfacción a su elevado concepto de la ética y la moral, no tienen más que prestar sus servicios por su cuenta y riesgo a los inmigrantes ilegales, sin emplear los recursos del Sistema Nacional de Salud, recursos que sufragan los contribuyentes. Es muy fácil para estos valedores de causas justas ir predicando sus bienaventuranzas y abominando de todo atentado, real o figurado, contra su sacrosanto concepto de sanidad pública. La solución a los problemas que causará esta medida que rechazan cerrilmente está al alcance de su mano. Que usen el dinero de su bolsillo y su tiempo libre para ejercer el derecho a curar y a los demás que nos dejen en paz: no queremos saber nada de su ética.

Por otra parte, como apunta Andrés Álvarez, "discuto que un empleado público pueda permitirse utilizar una cuestión ética como justificación para incumplir sus obligaciones profesionales y legales". En España se está poniendo de moda la creencia de que es opcional obedecer los mandatos de las leyes. Lógicamente, ello no obsta a la posibilidad de expresar críticas y disensiones. Pero un llamamiento rotundo a ir en contra de la medida no lo puedo encontrar razonable. Igual que no es razonable que distintas regiones no vayan a aplicarla, pues varias de esas regiones están atravesando apuros financieros y se están viendo obligadas a pedir rescates al mismo Gobierno central al que desafían por motivos partidistas, que no humanitarios.

No me asustan esas epidemias que, según algunos médicos, nos van a asolar como castigo a los recortes. Aparte de que considero improbable el caso, en Madrid, por ejemplo, los irregulares gozarán de asistencia gratuita en urgencias por enfermedad grave o accidente, y tienen cobertura total las mujeres embarazadas, los menores de edad y los enfermos crónicos tratados anteriormente. Y queda la opción de pagar el tratamiento, por supuesto. Si los propios médicos están señalando que los inmigrantes son jóvenes y sanos y que, por ello, no son un coste importante para el sistema, con absoluta seguridad su factura médica no será muy elevada.  

Sé que esta decisión no va a suponer un ahorro espectacular. Pero es necesario poner orden y seriedad en la sanidad pública, y que la gente sea consciente de su coste. "Está claro que no podemos atender a los ciudadanos del mundo entero, porque no sería  posible", ha dicho Esperanza Aguirre. Parece una sentencia obvia, pero a juzgar por lo que arguyen quienes se oponen a esta restricción no lo es tanto, ya que, para ellos, España puede permitirse el lujo de un Estado de Bienestar óptimo a pesar de ser un país empobrecido, en retroceso y con graves dificultades para cubrir su déficit público.

Es conveniente que el Estado provea un servicio público de sanidad. Un servicio gratuito, de calidad y lo más universal posible. En el fondo, los peores enemigos de dicho servicio y los que de verdad pueden propiciar su desaparición son los que no aceptan las reformas y cambios que la situación actual demanda. Y es un camino de reformas el que requiere el Sistema Nacional Salud --endeudado, de baja calidad en muchos aspectos y congestionado por el aumento de la población-- para seguir cumpliendo su finalidad y honrando los principios en que se basa.

1 comentario:

Claudedeu dijo...

En lo que a mí respecta, suscribo las palabras del texto y espero sentado -espero que no quieran quitarme la silla- a ver qué pasa, en qué deriva todo.