Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, julio 01, 2012

LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y SU EXTENSIÓN A LAS HABITACIONES DE HOTELES

La entrada y registro en domicilio es una diligencia de la instrucción (investigación de unos hechos con apariencia delictiva en el proceso penal) limitativa de un derecho fundamental. Y ello porque el domicilio es un espacio singularmente protegido por la Constitución, cuyo artículo 18.2 dice así: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. No hay que mezclar el domicilio con la propiedad privada (art. 33 CE): una persona puede tener su domicilio en su propiedad, pero también al margen de ella. Como garantía penal de la inviolabilidad del domicilio, el artículo 202 del Código Penal castiga el allanamiento de morada.

Este derecho, lógicamente, entra en conflicto con la diligencia mencionada, por lo que hace falta valorar la medida a través del prisma del principio de proporcionalidad, creación de la jurisprudencia constitucional (su origen está en la STC 207/1996, de 16 de diciembre). Lo cual exige que se respeten dos presupuestos materiales, el de legalidad y el de justificación teleológica, y tres requisitos: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto (Julio Banacloche Palao y Jesús Zarzalejos Nieto, Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal, La Ley, Madrid, 2010, p. 156). Sólo preservándose estas limitaciones podrá predicarse que una diligencia que restringe un derecho fundamental se adecua al principio de proporcionalidad y, por ende, es admisible en un Estado de Derecho.

Teniendo en cuenta el presupuesto de legalidad, qué duda cabe que adquiere una especial importancia el concepto de domicilio, esto es, qué ha de entenderse por tal, pues de eso dependerá que resulte afectado o no el derecho fundamental proclamado en el artículo 18.2 CE ante una entrada y registro por parte de fuerzas policiales. En cambio, esta diligencia no tendrá incidencia alguna en ese derecho cuando recaiga sobre un lugar abierto o sobre un lugar cerrado pero abierto al público, o en uno no abierto al público pero que no pueda ser considerado domicilio.

La entrada y registro en domicilio es ampliamente regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (arts. 545 y siguientes), que ya en su artículo 545 advierte que nadie podrá “entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en España sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes”. Más adelante, el artículo 554, tributario de una concepción un tanto arcaica, reputa domicilio los “Palacios Reales, estén o no habitados por el Monarca al tiempo de la entrada o registro” (art. 554.1); el “edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia (art. 554.2); y los “buques nacionales mercantes” (art. 554.3). Una regulación apropiada para su época pero que dista mucha de la realidad actual.

Tampoco resulta útil para el problema objeto de análisis (qué es el domicilio del que habla la CE) la identificación que hace el Código Civil –a efectos de derechos y obligaciones civiles-- entre domicilio y residencia habitual, remitiéndose, acto seguido, a lo que fije, en su caso, la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 40).

Frente a estas definiciones de márgenes estrechos, es la jurisprudencia la que ha ido elaborando un concepto de domicilio más acorde con el momento presente. El Tribunal Constitucional tiene declarado, en este sentido, que “el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello, a través de este derecho no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella” (STC 22/1984, de 17 de febrero, Fundamento Jurídico 5).

La doctrina, partiendo de la definición del TC, ha perfilado aún más el concepto, señalando que domicilio “es un espacio delimitado físicamente, objetivamente destinado a vivienda con carácter permanente o transitorio, o al ejercicio profesional, cuya ocupación se fundamenta en un título legítimo” (Andrés de la Oliva Santos et alii, Derecho Procesal Penal, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2007, p. 368). Aunque parece fuera de duda la conexión entre domicilio inviolable y el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE), hay algunas discrepancias, como la manifestada por Manuel Aragón Reyes, quien expuso en una reseña a una monografía sobre la inviolabilidad del domicilio que ésta “protege un bien jurídico que no coincide exactamente con la intimidad”, y ese bien es “un reducto físico inmune a la penetración de cualquiera sin el consentimiento de su titular, ‘privativo’, pues, de ese titular, es decir, un espacio ‘privado’ del que él, y sólo él, dispone’” (“La inviolabilidad del domicilio”, Revista española de Derecho Constitucional, núm. 54, 1998, pp. 351-352).

A título de ejemplo, y en contraste con las definiciones proporcionadas, no será domicilio un bungalow deshabitado, locales o establecimientos abiertos al público, los bares, restaurantes, tabernas, almacenes, etcétera (Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín et alii, Derecho Procesal Penal, Civitas, Cizur Menor, 2010, p. 312).

De lo que antecede se desprende que había de plantearse un problema de inconstitucionalidad en torno al artículo 557 LECrim, según el cual las “tabernas, casas de comidas, posadas y fondas no se reputarán como domicilio de los que se encuentren o residan en ellas accidental o temporalmente, y lo serán tan sólo de los taberneros, hosteleros, posaderos y fondistas que se hallen a su frente y habiten allí con sus familias en la parte del edificio a este servicio destinada”. A día de hoy, esas casas de comidas, posadas y fondas son los hoteles, de forma que, no siendo calificadas como domicilio por la LECrim, no había inconveniente en que el hotelero abriera las puertas de las habitaciones a los agentes del orden sin mediar autorización judicial o consentimiento de los huéspedes.

Finalmente, se elevó una cuestión de inconstitucionalidad al TC acerca del artículo 557 y su aplicación a un caso en el que unos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía entraron y registraron dos habitaciones de un hotel, sin estar en ellas sus huéspedes, gracias a que el director del hotel les proporcionó la llave maestra.

Abordando el problema, el TC afirmó que “la protección de la inviolabilidad de las habitaciones de los hoteles, así como la exclusión de la necesidad de autorización judicial para los registros de dichos establecimientos de hostelería cuando en los mismos se realizan otras actividades no privadas o en las partes de ellos no destinadas a vida privada y abiertos al público, deriva directamente del propio art. 18.2 CE, así como del concepto de domicilio del art. 554.2 LECrim" (STC 10/2002, de 17 de enero, Fundamento Jurídico 10). Así pues, declaró la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 557 y lo derogó.

Sin embargo, no “se viola el art. 18.2 CE si los acusados habían abandonado hacía días la habitación del hotel en la que se hospedaban sin intención de regresar, aun cuando permanecieran en ella ciertas pertenencias (STS de 22 de junio de 2007)” (Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín et alii, op. cit., p. 313)

Podría pensarse, prima facie, que en el siglo XIX no sentían tanto respeto por la intimidad, habida cuenta de las exclusiones del artículo 557. Es una conclusión simplista, en la medida en que la Constitución de 1876, vigente cuando se aprobó la LECrim, reconocía el derecho a la inviolabilidad del domicilio: “Nadie podrá entrar en el domicilio de un español, o extranjero residente en España, sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes” (art. 6). La diferencia es que, en aquel entonces, difícilmente podía ser domicilio la habitación de una posada, fonda, etcétera, cuando lo habitual era que fuesen compartidas, de muchas camas, lo que no encaja en esa idea de “espacio propio de la vida íntima de un sujeto” (Julio Banacloche Palao y Jesús Zarzalejos Nieto, op. cit., p. 167).

Puesto que aquí se pone de relieve la eterna pugna entre derechos y garantías de los ciudadanos y eficacia policial en la investigación de los delitos, es sumamente necesario tener claro qué es el domicilio y hasta dónde alcanza, consecuentemente, la protección constitucional. Así se previenen abusos y descontrol de las autoridades en un terreno proclive a ello y también, por lo que se refiere a los agentes del orden, permite que efectúen registros legales y eficaces, toda vez que, en caso de vulnerarse lo que dispone la Constitución, la diligencia sería nula de pleno derecho y generaría responsabilidad penal (art. 531.1 CP).

6 comentarios:

Anónimo dijo...

zarzalejos nieto, hijo de josé antonio zarzalejos altares........

Anónimo dijo...

el tonel del cínico......

Anónimo dijo...

condenada la periodista margarita sáenz díez en sentencia sobre materia del derecho al honor de FAES (javier zarzalejos nieto)........

Anónimo dijo...

pablo casado blanco, colaborador de javier zarzalejos nieto, faes.....

Anónimo dijo...

julio banacloche palao: la libertad personal y sus limitaciones

Anónimo dijo...

"no hemos venido a la derrota de eta", javier zarzalejos nieto, zurich, 1999