Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







viernes, julio 22, 2011

CONTRA LA ENTREGA DE LA INSTRUCCIÓN AL MINISTERIO FISCAL

En medio de la reforma de las pensiones, la dimisión de Camps y la corbata de Sebastián, ha pasado desapercibida una noticia que reviste suma trascendencia para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. El Ministerio de Justicia ha pergeñado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entregará la instrucción del proceso penal al Ministerio Fiscal, un cambio drástico que, a mi juicio, es de todo punto aberrante. El Gobierno comete con ello un error nada inocente, ya que su propósito no puede ser otro que expandir el poder del Ejecutivo.

El proceso penal se divide en la fase de instrucción, la intermedia y la de enjuiciamiento o juicio oral. Durante la instrucción, se investiga para aclarar los hechos, determinar a los sospechosos e imputarles, recabar fuentes de prueba... En suma, por medio de la instrucción se ha de construir una hipótesis acusatoria lo bastante sólida como para abrir el juicio oral y que, en consecuencia, no se archive la causa. En ella, además, se llevan a cabo diligencias de investigación que pueden afectar a los derechos fundamentales de las personas. No es, por lo tanto, una nimiedad con la que se pueda trastear arbitrariamente. En España, tradicionalmente la instrucción ha estado en manos del juez instructor, siendo el Ministerio Fiscal un colaborador de la Justicia encargado de la defensa, en teoría, del interés público.

No obstante, los fiscales han ido ganando posiciones en la instrucción y, a la luz de esta novedad legislativa, están a punto de conseguir lo que tanto han ansiado: ser ellos los que lleven las riendas de la investigación, relegando al juez al ámbito de la toma de decisiones y resolución del caso. Prestigiosos procesalistas, por fortuna, se oponen a esta idea, argumentando que "la independencia del Juez instructor es una garantía que sobresale frente a la naturaleza jerárquica del Ministerio Fiscal y su vinculación con el Gobierno" (Julio Banacloche Palao y Jesús Zarzalejos Nieto, Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal, La Ley, 2010).

En efecto, el Ministerio Fiscal no es independiente, sino que está sometido a los principios de jerarquía y unidad de actuación (art. 124.2 de la Constitución). Es un cuerpo jerarquizado, en cuya cúspide se halla el Fiscal General del Estado, que es "nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial" (art. 124.4 CE). Huelga poner ejemplos de la poco brillante trayectoria del Ministerio Fiscal cuando la política se ha entrometido en importantes procesos penales. Quien desee ilustrarse, no tiene más que revisar la biografía y milagros de Eligio Hernández (cuyo nombramiento, dicho sea de paso, fue ilegal: mal empezó). El Ministerio Fiscal actúa al dictado y según la conveniencia del Gobierno de turno. Es más, incluso cambia de criterio sobre la marcha, en procesos ya iniciados, cuando así lo ordena el Gobierno. El Fiscal General del Estado sabe cómo complacer a sus superiores. De ahí la necesidad, también, de que no se recorten las facultades de la acusación popular, ya que gracias a ella muchos crímenes perpetrados desde el poder no han quedado impunes en España.

Así las cosas, es una burla que Caamaño haya presentado esta reforma como una manera de defender mejor los derechos y garantías de los ciudadanos. El Ministerio Fiscal debe existir y cumplir su papel, que se desarrolla fundamentalmente durante el juicio oral, sosteniendo la acción penal en la mayoría de ocasiones. Que se ocupe de la investigación presenta una serie de riesgos que no pueden obviarse.

Se pretenden salvar las dudas sobre la constitucionalidad de esta medida a través de la introducción del llamado juez de garantías, al que se le asignaría el cometido de salvaguardar los derechos fundamentales. Éste es un engaño de corto recorrido. ¿De verdad es creíble que un sujeto prácticamente ajeno al proceso vaya a denegar algo de lo que le solicite el fiscal, que es el que estará enterado de todo y el que llevará la iniciativa? Si, a la vez, recortan la acción popular, al final en muchos casos sólo va a poder investigar y acusar el fiscal (cuando no haya acusación particular), y puedo imaginar la impunidad que se extenderá sobre todo aquello que sea incómodo para el Gobierno. O peor aún, la manipulación descarada del proceso penal para hundir al adversario político.

Dos fiscales han defendido ante mí el modelo en ciernes. El primero recurría al argumento de que el Ministerio Fiscal sólo está sometido a jerarquía internamente, pero tiene una autonomía respecto del Gobierno. Tal sandez, desmentida por los hechos de forma incontestable, no merece más comentario. El otro aportaba una razón más grosera. Decía que, dado que en los países de nuestro entorno es el fiscal el responsable de la instrucción, no podía España ser la excepción. Éste es un argumento falaz. En esos países el Ministerio Fiscal es bien distinto, así como la configuración del proceso en este sentido. El paquete entero, que no es el que vende el Ministerio de Justicia, es el de inexistencia de la acusación particular, principio de oportunidad (sólo se persiguen los delitos que vea oportuno el fiscal) y, como es lógico, independencia o, cuando menos, responsabilidad popular del Ministerio Fiscal (como en Estados Unidos, donde el ofendido o perjudicado no es parte activa del proceso, pero el fiscal es elegido por el pueblo).

Ya se han analizado las enormes desventajas y peligros que conlleva una instrucción a cargo del fiscal. En general, disminuirían las garantías del proceso penal y se incrementarían las posibilidades del Gobierno para influir en él cuando lo viese interesante. Pero hay un último inconveniente, de índole no jurídica, que termina de poner de relieve el irresponsable proceder del Gobierno socialista. A nadie se le escapa que un cambio así es de una magnitud notable. Pues bien, sin haber salido de la crisis y con la consigna ya más que cacareada de gastar menos, el Gobierno se lanza por una pendiente que obligaría a aumentar sobremanera la plantilla de fiscales y activar costosos medios materiales. El caos se apoderaría del sistema en el peor momento posible. Constitucionalmente, la reforma es una afrenta a la libertad, la separación de poderes y los límites al poder. Desde el punto de vista económico, no es viable.

El Ministerio de Justicia, si quiere implementar un cambio tan serio y trascendente, un cambio que modifica las bases del sistema, debería realizar una revisión mucho más profunda, con variaciones como las arriba indicadas. Como es poco probable que vaya a ser así (la reforma de la LECrim es un totum revolutum de escasa calidad), no puedo por menos que llamar la atención sobre su inconveniencia.

Albergo la esperanza de que la reforma nunca llegue a ser aprobada. Si hay elecciones en otoño, no habrá tiempo. Y en caso de que se celebren en 2012, difícilmente podrá ser tramitada en los meses anteriores a la disolución de las Cortes, debido al predominio absoluto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

NOTA: Este espacio permanecerá cerrado por vacaciones hasta el día 14 de agosto.

5 comentarios:

Alfredo dijo...

No estoy de acuerdo --

Vamos por partes:


"El Gobierno comete con ello un error nada inocente, ya que su propósito no puede ser otro que expandir el poder del Ejecutivo".

No veo nada de malo en expandir el Poder Ejecutivo --

como ya he tocado este tema extensamente, te copio y pego de lo que ya he dicho al respecto:

"Ya hemos establecido que los liberales nos caracterizamos, históricamente, por mostrar una gran deferencia hacia el Poder legislativo y Ejecutivo, y pienso que además del respeto que se merecen en tiempos de paz, en los tiempos de crisis o guerra los jueces tienen que incluso ser más deferentes hacia el Poder ejecutivo".

En cuanto a la fase de instrucción: en EEUU siempre ha sido el fiscal el que lleva absolutamente toda la autoridad sobre el tema.

Allí normalmente un juez sólo es un árbitro: normal, porque siempre se ha pensado que un juez que tenga poderes de instrucción, como ocurre en la Europa continental, es algo que roza lo dictatorial, porque los jueces tradicionalmente han estado más aún vinculados al Poder.

En cuanto a la independencia de los jueces...eso depende de muchos factores pero no toda la independencia judicial es deseable ni necesaria para el liberalismo.

Saludos

El Espantapájaros dijo...

Alfredo:

Si el punto de apoyo es la fiscalía de Estados Unidos, que se reforme la de aquí para que sea como la de allí. Pero la intención es un Ministerio Fiscal que responda sólo ante el Gobierno, y eso, en España, es un peligro que no estoy dispuesto a aceptar, incluso aunque fuese lo más liberal del mundo.

Para que te hagas una idea más exacta, con el modelo que se quiere implantar Garzón sólo tendría abierta una causa, la de las escuchas, y su investigación la llevarían a cabo fiscales. ¿Qué interés pondrían en ello? Ninguno, si así lo ordenase el Gobierno.

Ha habido jueces de instrucción, en especial en la Audiencia Nacional, como el propio Garzón, que no son precisamente ejemplares. Pero me niego a creer que una instrucción de fiscales sea lo mejor para el proceso penal, tal y como está configurado en España.

rincoadeje dijo...

sin que sirva de precedente, creo que esta vez el gobierno, y entre ellos, el ministerio de justicia, esta vez han acertado en plantear esta reforma de la LEcrim. Es cierto que tiene defectos o cosas que no gustan (en especial la controvertida independencia del fiscal), pero el proceso de elaboración de la ley es largo, y los grupos parlamentarios presentarán sin duda enmiendas. Ya el PP, por ejemplo, ha hecho notar el detalle de la independencia del fiscal, por lo que estará presente.

comparto las dudas sobre si hay tiempo de tramitarla o no dado el tiempo en que estamos, aunque personalmente me hace pensar, y mal: ¿Tendrá el gobierno interés en acabar la legislatura para aprobar esta ley? ¿o es una herramienta más de despiste para afirmar que agotarán la legislatura para aprobar esta ley, hacer que la oposición se confíe, y las adelante?

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