Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, marzo 06, 2011

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA REFORMA DE 2010 DEL CÓDIGO PENAL

La última reforma del Código Penal ha sido efectuada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Una de las novedades más llamativas e importantes consiste en que las personas jurídicas pasan a estar sujetas a responsabilidad penal en caso de que cometan determinados delitos. La Exposición de Motivos de la citada ley justifica esta innovación sobre la base de numerosos "instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente (corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos...)".

Hasta ahora, no era posible imputar delitos a las personas jurídicas (societas delinquere non potest), es decir, solamente respondían las personas físicas que obraran como sus representantes (art. 31 CP), independientemente de otro tipo de responsabilidades (administrativa o civil). La teoría general del delito casaba mal con la idea de una persona jurídica cometiendo delitos. Y, en rigor, parece difícil que una asociación o una sociedad anónima actúe dolosamente o sin la diligencia debida. Pues una persona jurídica carece de voluntad propia, o mejor dicho, de una voluntad física o natural. Por ello, esta responsabilidad no encaja con la definición de delito que figura en el artículo 10 CP ni con la garantía inexcusable del artículo 5: "No hay pena sin dolo o imprudencia".

El legislador español desconoce todo eso o, simplemente, le ha dado igual. Como se implantó en Alemania, cuna de la mejor dogmática penal, sólo era cuestión de tiempo que se regulara en España. Y, de la mano de un legislador tan diletante y caprichoso como el actual, ha nacido el artículo 31 bis CP.

Es de notar, en primer lugar, que no todos los delitos pueden ser cometidos por una persona jurídica. Así pues, el CP prevé expresamente cada caso, según se dispone en el artículo 31 bis. Un ejemplo evidente es el de los delitos contra la Hacienda Pública.

En segundo lugar, se establece un doble presupuesto objetivo de imputación. El apartado primero, párrafo primero, del 31 bis proclama que "las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho". Surge aquí una responsabilidad transferida (de las personas físicas a las jurídicas). Acto seguido, el párrafo segundo de ese mismo apartado dispone que "las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso". Cuando existe esta falta de control o vigilancia, se produce un defecto de organización, una suerte de culpabilidad de las personas jurídicas.

Esta responsabilidad penal es independiente de la que pueda individualizarse sobre la persona física que, en todo caso, delinquió personalmente, de suerte que dicha responsabilidad, la propia de las personas jurídicas, "será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior [representantes legales, administradores de hecho o de derecho y personas dependientes de ellos], aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella" (art. 31 bis, apartado segundo).

Asimismo, se regulan una serie de atenuantes específicas que afectan a las personas jurídicas (art. 31 bis, apartado cuarto). Curiosamente, todas ellas aluden al momento posterior al delito (por ejemplo, confesar la infracción, aportar pruebas durante la investigación...).

El artículo 31 bis ha dejado fuera de su campo de acción a un nutrido grupo de personas jurídicas: al Estado y a todo lo que hay tras él y, singularmente, a los partidos políticos y sindicatos. Cómo no, los poderosos siempre tratando de blindarse, de situarse en una posición privilegiada y más protegida. Si la empresa con la que ejerce la actividad mercantil una determinada sociedad anónima incurre en un delito de defraudación tributaria (art. 305 CP), se puede perseguir, con el CP en la mano, a toda esa sociedad, y procederán fuertes multas si es condenada. No sucederá lo mismo si el que ha defraudado es un partido político. "Justicia para todos" es un principio cada vez más desconocido para el legislador español.

El último aspecto fallido y criticable de esta nueva regulación no reside en ella misma, sino en que no haya sido acompañada de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de adaptar esta vetusta norma a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El proceso penal está dirigido a realizar las normas penales en el caso concreto. El artículo 31 bis CP, pues, está cojo, toda vez que esta nueva responsabilidad origina muchos interrogantes y problemas procesales que no han merecido la atención del legislador.

Una vez más, la inseguridad jurídica, el trabajo a medias, la chapuza y la ley como medida de propaganda política son la tónica general. Jurisprudencia y doctrina serán las encargadas, nuevamente, de desenmarañar los enredos que en los cauces del proceso penal provocarán unas personas jurídicas de las que nada dice la LECrim.

3 comentarios:

Alfredo dijo...

Buenas noches. Suscribo la totalidad de tu comentario sobre esta nueva reforma estúpida del legislador socialista. Ya he tenido fuertes discusiones en mi blog al respecto en una entrada de hace un par de días. Sí, la doctrina es alemana y ya sabemos las cosas "tan buenas" que suele producir Alemania, entre ellas, fascismo histórico, hegelianismo, comunismo, fascismo y casi todos los ismos negativos vistos y por ver. No se me ocurre de nada bueno, en el terreno teórico, que haya producido Alemania excepto quizás Savigny -- ya sabes que rechazo el concepto de "derechos naturales".

Esta ley viola presunción de inocencia de absolutamente todos los accionistas de una persona jurídica/empresa.

Una persona jurídica no existe físicamente -- así que únicamente puede "delinquir" a través de actores o agentes HUMANOS -- humanos empleados por la misma.

Obviamente no podemos mandar a prisión una empresa y si se ve obligada a pagar una multa, esto disminuye el dinero disponible para pagarle los sueldos a los empleados. Esta ley es socialista, típicamente socialista:

Redistribuye la responsabilidad penal a todos los individuos inocentes que aporten su trabajo y capital para mantener la solvencia de una persona jurídica.

De todas formas, ya que hablas de jurisprudencia para poder organizar este nuevo desmadre legislativo, yo tengo un "test" mental para determinar qué podría significar eso de la resp.penal de las personas jurídicas:

El autor de un acto delictivo no habla ni actúa para la persona jurídica/empresa. Actúa tal y como la empresa, y su mente que dirige los actos es la mente de la empresa. Si es una mente culpable, esa culpabilidad es la culpabilidad de la persona jurídica.


Como todo lo que hacen los socialistas, esta ley perjudica a los más débiles: a los consumidores.

Perseguir las actividades delictivas de "personas jurídicas" tiene resultados nefastos - aumenta los costes que conlleva la disuasión de este tipo de comportamientos incentivados, ya de por sí, por las protecciones y garantías excesivas de la Lecrim española.

En muchos casos, tengo previsto que la consecuencia penal sobrepasará el daño real social y eso tendrá como consecuencia un aumento brutal de precios así como aumento de los costes jurídicos.

Qué cansadito estoy de esta mierda de gobierno. Y todavía pensar que nos queda un año de pesadilla, gracias a una ley electoral antidemocrática -- realmente gobierna CIU y PNV. Por eso sigue el PSOE en La Moncloa y destrozando el país más de lo que estaba. Como siempre te digo: que Dios los perdone.

Alfredo dijo...

No te olvides, además, de otra ley absurda que se avecina: la de "Igualdá de Trato" -- no sé cómo es posible que pase el aro constitucional porque es absolutamente totalitaria y peligrosa. Cuando una ley ya viola todos los límites legales y morales, sólo cabe la insumisión -- y eso último que digo está avalado por la propia jurisprudencia del "Tribunal Europeo de los Derechos Humanos" (ya que esta gentuza que gobierna es tan dada a los "derechos humanos" europeistas...pues que tomen dos tazas.

Nunca había visto yo una ley tan absurda pero a la vez, tan totalitaria a la vez. ¿Qué medidas se podrían tomar, a nivel jurídico y de protección, contra dicha ley?

Precisamente hay un editorial de hoy en el ABC sobre esta ley y recomiendo que lo leas.

El Espantapájaros dijo...

Alfredo:

La proyectada Ley de Igualdad de Trato es una abominación muy difícil de aceptar y que, por tratar de extender demasiado la igualdad, cercena sin compasión otros derechos fundamentales.

He podido leer las críticas en el "ABC" y son muy acertadas.

La igualdad jurídica no puede ser interpretada en los términos de la Ley de Igualdad de Trato, que son claramente abusivos. Si se aprueba una ley que prohíba presentarse a las elecciones a personas de raza negra, ahí habría una clara discriminación que vulneraría el artículo 14 CE. Pero los supuestos regulados por la LIT, que atienden sobre todo a las relaciones entre particulares, no tienen que ver con esta concepción, sino con una igualdad material, forzada y exigida a golpe de sanción.

En fin, es una ley intervencionista "ad nauseam" y que coarta de forma intolerable la libertad individual. Una vez más, se reduce la esfera de acción del individuo para dar más poder al Estado y a esa oscura Alta Autoridad. Un instrumento más de ese mundo feliz y sin preocupaciones que quieren construir los socialistas, con ciudadanos aletargados, incapaces de cuidarse por sí solos y dependientes del Estado. Pero estos intentos, que desconocen la naturaleza humana y el orden espontáneo, suelen fracasar.