Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, diciembre 26, 2010

RENOVACIONES Y OTRAS ACTUALIDADES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Aunque sólo he leído la noticia en El País, presumo que la información es veraz y verdadera. A modo de felicitación navideña, María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, remitió a José Bono, presidente del Congreso de los Diputados, una carta reclamando seriedad y celeridad en el proceso de renovación de los magistrados del TC: "Ante el reiterado incumplimiento de las previsiones constitucionales, este Tribunal Constitucional se ve obligado a reclamar que se respete la Constitución y que, por tanto, se cumplan los plazos que esta imperativamente establece para la renovación de todos los magistrados".

Previsiones constitucionales recogidas en el artículo 159 de la Constitución: en su apartado primero, establece que cuatro magistrados constitucionales serán propuestos por el Congreso; en su apartado tercero, dispone que el mandato de los magistrados durará, a lo sumo, nueve años, con renovaciones por terceras partes cada tres. Estas normas están desarrolladas por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (arts. 16 a 26). Como dato ilustrativo, la propia Casas es magistrada constitucional desde 1998.

Por lo pronto, sostengo que el sistema que configura la Constitución para la elección de magistrados es acertado. No hay muchas más opciones, ya que los magistrados no pueden salir de la nada o estar totalmente desligados de un control democrático. Sí discrepo del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero ahí se trata de un poder distinto y hoy no entraré en ello.

Para reforzar la confianza en el sistema, es necesario poner de relieve que, de acuerdo con el artículo 159.5 CE, los miembros del Tribunal Constitucional "serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato". Lo cual entraña que cualquier magistrado puede obrar con plena independencia de criterio y sustraerse a las presiones políticas. El problema es que las personas suelen fallar. Una reforma que fijara una edad mínima para entrar en el TC --sesenta o sesenta y cinco años-- contribuiría a la independencia de los magistrados, quienes, ya con poco futuro por delante, no se someterían tan fácilmente a los partidos con el fin de obtener retiros dorados.

La Constitución exige el voto favorable de tres quintos de los diputados del Congreso para proponer a los cuatro magistrados que luego serán nombrados por el Rey. Semejante mayoría cualificada obliga a los partidos a alcanzar un consenso o, por decirlo con más crudeza, a llegar a retorcidas componendas en las que, desgraciadamente, lo relevante no es la reconocida competencia de los juristas a elegir, sino su vinculación –no siempre explícita, desde luego-- a un determinado partido o tendencia. En una perversión más del sistema, se ha terminado bloqueando la renovación de los magistrados. Esta situación se comprende fácilmente tomando en consideración que sobre la mesa del TC hay pendientes asuntos de mucha envergadura (matrimonio homosexual, aborto...).

En cualquier caso, los intereses partidistas no deben ser un obstáculo que provoque el mal funcionamiento del TC y el incumplimiento de la Constitución. Es sumamente grave que los grupos parlamentarios popular y socialista no acaben de ponerse de acuerdo y que haya tanta batalla por algunos candidatos. Si hasta ahora no han sido capaces de salir del bache, es el momento de las renuncias y las responsabilidades.

Este retraso o la prorogatio de funciones no son problemas achacables al TC, sino a una Cámara Baja que cada día hace más honor a su calificativo. Pero es cierto que el TC no atraviesa su mejor momento. Como supremo intérprete de la Constitución, es un órgano que tendría que acumular el mayor prestigio posible. Es el que vela por que la norma fundamental no se convierta en un papel mojado. Naturalmente, sus argumentos jurídicos podrán convencer más o menos, y pienso que hay que criticar sus sentencias y estar atento a sus movimientos. Ahora mismo, no obstante, me siento más inclinado a defenderlo, a pesar de que su reciente trayectoria no sea de mi agrado.

Su tardanza a la hora de controlar la constitucionalidad del Estatuto (retraso, hay que matizar, motivado por tensiones políticas y agravado por nefastas reformas procesales) y la posterior sentencia, que tanto revuelo levantó, han hecho mella en su imagen. Al propio papel del Alto Tribunal, con la infame Casas a la cabeza, hay que añadir los aberrantes ataques de algunos políticos, que, con sus disparatadas opiniones, propugnaban un Estatuto por encima de la Constitución, y la irresponsabilidad de fondo consistente en hacerle decidir la organización territorial del Estado.

Al calor del Estatuto y del oportunismo del Gobierno, ha habido una deriva muy negativa del TC que espero y deseo se enmiende en un futuro no lejano. Las modificaciones introducidas en la LOTC por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, merecen más de un reproche. De un lado, la implantación del certiorari (selección por un tribunal de los casos que quiere conocer) supone una rebaja en la garantía de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo, toda vez que, según el nuevo artículo 50.1.b) LOTC, únicamente se admitirá a trámite cuando revista "especial trascendencia constitucional", requisito que se deja a la apreciación arbitraria del Alto Tribunal. Sin perjuicio de que el certiorari está dirigido al loable objetivo de reducir el volumen de trabajo del TC y hacerlo más eficaz, no deja de ser paradójico que fuese introducido por un Gobierno que presume de ser un paladín de los derechos civiles. De otro lado, fue impresentable la enmienda del artículo 16.3 para, con todo descaro, prorrogar el mandato de Casas (que expiraba en 2007), permitiendo así que siguiera cocinando una sentencia sobre el Estatuto no demasiado perjudicial para el Gobierno. Sigo pensando que esta enmienda ad hoc para lograr tan grotesco fin es contraria al artículo 160 CE y que debe ser derogada cuanto antes.

1 comentario:

alberto dijo...

Pienso que deberia de existir una ley penal recojida expresamente para aquellos que actuaran en perjuicio de la constitucion española, el tc seria mas respetado ,tras su dictamen,la condena a inabilitacion al politico que la ha vulnerado en decrimento de las libertades de todos los españoles,