Como una vez exclamara: "¡A mí, hombres!", cuando acudieron algunos los ahuyentó con su bastón, diciendo: "¡Clamé por hombres, no por desperdicios!" (Vida de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio)







domingo, julio 18, 2010

LA REFORMA DE LA JUSTICIA

Que la Justicia necesita ser reformada se ha convertido en un tema más que recurrente. Un creciente malestar ciudadano recorre España: unos se quejarán de los jueces; otros de una Administración de Justicia decimonónica; y no faltarán las alusiones a diferentes atrasos y errores que tuvieron gran repercusión en los medios. Dicho esto, de nada sirve reconocer el problema sin saber dónde actuar y cómo. Y no es fácil. Así, el Ministerio de Justicia está invirtiendo más dinero, pero no basta con eso; ahora mismo, no es suficiente crear nuevos juzgados, producir más jueces o instalar más programas informáticos. La reforma de la Justicia debe ser más ambiciosa o se quedará en nada. Y una buena Justicia, además de ser un pilar del Estado de Derecho, significa una atracción para los inversores, al ser una institución muy conexa con la economía. Ya en 2007 se podría haber detectado la crisis gracias a los tribunales.

A fin de tratar con profundidad y sosiego estas cuestiones, he asistido al curso de verano de la UCM Los retos de la Justicia en España. Allí han podido pronunciarse diferentes expertos, políticos y juristas de reconocido prestigio, y han expuesto una amplia variedad de recetas que aplicar a la Justicia. Lo cual es digno de elogio. En España abundan los diagnósticos y escasean los tratamientos. Por ello, me voy a permitir trasladarles un resumen del contenido del curso.

En Justicia, las reformas tienen que darse en distintos ámbitos. En primer lugar, es obligación del Ministerio de Justicia liderar la coordinación entre las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias referentes a la administración de la Administración de Justicia, en feliz expresión del Tribunal Constitucional. El Poder Judicial es único, pero los medios personales y materiales dependen de las Comunidades Autónomas en once casos. Coordinación, como he dicho, y aclarar algunas situaciones injustas para los responsables autonómicas, que pagan pero tienen poco control.

A continuación, hay que reducir la litigiosidad, que ha crecido vertiginosamente, en parte a causa de la crisis económica. Litigar termina saliendo barato y en España no existe una cultura de la transacción, cuando realmente no todo conflicto jurídico tiene por qué dirimirse en un proceso. En ese sentido, se ha hablado de restringir el acceso a la Justicia. Mas no hay que olvidar que la Justicia, además de ser un valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 de la Constitución), es un derecho fundamental, derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 del texto constitucional. Las restricciones, en consecuencia, sólo pueden ser mínimas y muy medidas. Por otra parte, tal vez el hecho de que los ciudadanos acudan a la Justicia demuestra que, a pesar de todo, confían en ella.

Por lo demás, las propuestas no son nada desdeñables: fomentar y desarrollar el arbitraje, revisar la asistencia jurídica gratuita (derecho del ciudadano con pocos recursos económicos proclive a fraudes y abusos) e incluso instaurar el copago en algunos asuntos. Todo ello aderezado con reformas procesales. Reformas de calidad, por cierto, y no la realizada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, que representa una chapuza de considerable magnitud que no resuelve nada y enreda todo. No sé cómo esta ley, en vigor desde mayo pasado, pretende apostar por la eficacia y una mejor gestión del personal de la Administración de Justicia.

En tercer lugar, mi opinión personal, al igual que la de los que intervinieron en el curso, es que la Justicia no está politizada, al menos su base. Los jueces, en su mayoría, son profesionales del Derecho competentes y preparados que juzgan y hacer ejecutar lo juzgado con independencia. Legalmente, no hay medio directo de coartarles e influir en sus decisiones desde, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, cuyo sistema de elección de vocales siempre he criticado y criticaré. Sin embargo, como recordó el senador del PP Agustín Conde, desconfiar del poder político que extiende sus manos sobre el CGPJ es una sana actitud. Este órgano controla los ascensos de los jueces, y la ambición humana puede originar muchas sumisiones indeseables. Me sorprendió gratamente la conferencia de este senador: no sólo acertó al alertar de que, si se quiere, es posible influir desde la política en el Poder Judicial –sobre todo, en los niveles más altos--, sino que propuso medidas innovadoras –como que sólo se pueda entrar en el CGPJ a una edad más que respetable— y descalificó a los jueces que llaman a la puerta de su partido mendigando un puesto de magistrado del TC --caso de Francisco Hernando— o a los que hacen lo propio con el Gobierno para que les coloque en La Haya –caso de Garzón--.

En cuanto a la relación, a veces atormentada, de los medios de comunicación con la Justicia, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, pronunció una brillante conferencia en la que abogaba por equilibrar el derecho a la información con el derecho a un proceso justo, pues qué duda cabe que juicios paralelos y penas de telediario conllevan una significativa lesión de la presunción de inocencia. En España no existe una protección específica contra los juicios paralelos, por lo que Ángel Juanes apuntó unas cuantas soluciones extraídas del Derecho comparado.

Con lo dicho hasta este punto basta. Como ven, al margen de los partidos políticos y sus mediocres debates, es posible superar el tradicional pesimismo español que se adueña de todo y hacer propuestas de reforma de la Justicia serias, rigurosas y perfectamente realizables.

4 comentarios:

Alfredo dijo...

"En general" de acuerdo. Destacaría dos cosas:

"revisar la asistencia jurídica gratuita (derecho del ciudadano con pocos recursos económicos proclive a fraudes y abusos) e incluso instaurar el copago en algunos asuntos."

Sí -- yo creo en esto. Esto reduciría en gran medida el arbitraje en materia de justicia penal, por ejemplo, ya que la gente se lo pensaría dos veces---y que además, muchos de los casos penales de menor importancia: atracos en la vía pública, robos de pequeñas cantidades, et cétera son protagonizados precisamente por el tipo de persona que en otros ámbitos de la vida exige que el resto pague por sus caprichos.

Respecto a lo de "restringir el acceso", hablé de esto aquí, desde un punto de vista de Derecho Bíblico, que ya establece que la mayoría de los casos no deben ir más allá de los tribunales locales:

http://liberalismodemocratico.wordpress.com/2010/07/03/la-justicia-perfecta/

saludos

Don Andrés dijo...

La llamada "pena de banquillo" para referirse a los procesos extrajudiciales realizados por la prensa se puede encauzar en mi opinión por la vía del delito de injurias y calumnias y por la responsabilidad civil extracontractual -concretamente lo referente al daño moral-.

No sé tu opinión sobre la medida estrella de Juan Fernando López Aguilar, la "justicia de proximidad", que pretendía un poco descongestionar y liberar de carga de trabajo principalmente a los juzgados de instrucción.

Por lo que se refiere a la independencia de jueces y tribunales, no me sorprende nada el hecho de que nadie haya solicitado la abolición del CGPJ y el nombramiento de los jueces de los tribunales más altos en el escalafón jurisdiccional -TS, TC y AN- por parte del Rey a propuesta del ejecutivo y con la anuencia del Senado -en caso de que éste fuese una cámara federal y no lo que es ahora, un cementerio político-. Yo iría más allá y pediría el derribo del TC y la AN, y la creación de un sistema de tribunales de circuito al estilo USA, que actuasen bajo las órdenes del Tribunal Supremo.

El Espantapájaros dijo...

Alfredo:

Hay ciertos delitos, denominados de bagatela, que quizá requieran de un tratamiento distinto al actual, ya que roban mucho tiempo a los jueces y el resultado es mínimo. Pero hay que tener en cuenta que, en Justicia penal, debe primar el interés público y la defensa de la legalidad.

Andrés:

Estoy de acuerdo en que se puede luchar contra los juicios paralelos mediante los delitos de injurias y calumnias y la intromisión ilegítima en el honor. Se trata de una colisión harto frecuente entre derecho a informar e intimidad y honor. Pero Ángel Juanes habló de una protección más específica, como la instauración de la figura del denunciado o incluso que se pudiese anular un proceso cuando la presión mediática hubiese podido, virtualmente, viciar la independencia del juez.

Por lo demás, creo que la Audiencia Nacional debe seguir ahí porque funciona y porque las causas de su nacimiento siguen vivas. Y en cuanto a los tribunales de circuito, por atractiva que sea la idea, pienso que no todos los modelos sacados del Derecho comparado pueden servir para cualquier país.

Don Andrés dijo...

No, por supuesto, el sistema de circuitos judiciales estaría bien en un sistema federal, no como el nuestro.

De todas las causas de delitos que enjuicia la AN, los delitos contra la Corona y las altas magistraturas bien podían ser enjuiciados por los tribunales superiores o por el TS, atendiendo al ámbito territorial en el que se comete el delito, lo mismo que todos los demás delitos previstos salvo los cometidos fuera del territorio nacional, que deberían ser enjuiciados por el TS. Del delito de tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias bien podrían ser competentes las audiencias territoriales.