Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 verán la luz tras las elecciones andaluzas, una cautela elemental que viene a iluminar que la tónica dominante, anunciada desde el discurso de investidura de Rajoy, será la ausencia de nuevos gastos y la disminución drástica del déficit público. Tres meses es un tiempo razonable para elaborarlos y, en todo caso, es lógico que Rajoy prefiera no presentar el proyecto antes de las citadas elecciones. Esa ventaja se la proporcionaron los socialistas, que sólo pueden quejarse de su propia incapacidad. Si actualmente no hay en España PGE de 2012, estando prorrogados los de 2011, es porque Zapatero renunció a su tramitación y convocó elecciones anticipadas.
Todo el mundo da por seguro que los nuevos PGE serán el vehículo de una política económica dura, íntegramente basada en la austeridad y los recortes. Aunque este período vaya a ser doloroso y cuesta arriba, la antedicha política es la única manera de superar la crisis. Acerca de los beneficios de la consolidación escribía Lorenzo B. de Quirós en un artículo reciente: "En los países de la OCDE, todas las contracciones fiscales, basadas en recortes del gasto público estructural, han tenido consecuencias expansivas". Para ello habrá que esperar y soportar la recesión. Cuando pase la fiebre, la economía saldrá reforzada, preparada para crecer desde bases sólidas.
El éxito no va a ser inmediato y los riesgos abundan. Uno de ellos consiste en que las reformas se vean truncadas por la respuesta callejera que ya están empezando a enarbolar sin disimulo los socialistas, sindicatos y extrema izquierda. Durante este año, como era de prever desde que los indignados comenzaron a indignarse, se sucederán, en mayor o menor medida, protestas en la calle e intentos de romper la paz social. Hay quienes ansían que las batallas campales de Atenas se reproduzcan en Madrid. Rajoy deberá aguantar el pulso con la mirada fija en el horizonte y la voluntad firme, pero explicando sus decisiones y tratando de convencer a la opinión pública. No basta con decir que sus medidas son "justas y necesarias". Hay que combatir la propaganda progresista con más determinación.
Los disturbios en Valencia, desvergonzadamente bautizados por quienes los aplauden como Primavera valenciana, son tal vez un anticipo de lo que está por venir. Unos supuestos estudiantes provocaron desórdenes y se comportaron de forma violenta porque en su instituto, debido a un retraso en los pagos por parte de la Consejería de Educación, no habían tenido calefacción temporalmente. Este sacrificio, asimilable a la peor de las torturas, fue el detonante de la protesta. Lo cual pone de relieve lo perdida que está un parte de la juventud española, agarrada a la creencia de que es la generación mejor preparada y capaz únicamente de exigir, formada por niños malcriados como el tal Albert Ordoñez, que, según sus propias palabras, pasó "treinta horas de calabozo". Este admirador de Fidel Castro y de Amaiur (confesión propia) es un notable émulo de Nelson Mandela. A pesar de la violencia con la que actúan el sucesor del Cojo Manteca y sus acólitos, estos jóvenes --y no tan jóvenes-- son unos blandos, lloran por una represión policial inexistente y parecen no aspirar a otra cosa que a depender de los poderes públicos, a los que suplican derechos, prestaciones y subsidios.
Los socialistas se han alineado con las protestas, sean o no violentas, pues los sucesivos varapalos electorales les han convencido de que es mejor la calle que el veredicto de las urnas. De hecho, en sus fantasmagóricas apariciones un cargante Alfredo P. Rubalcaba no deja de insistir en que tienen que salir a la calle, hacerse oír desde la calle, etcétera. A la llamada a la subversión le sigue su agonía intelectual, su falta de argumentos. ¡Ha descubierto un sello ideológico en las reformas de Rajoy! Evidentemente, todo lo que hicieron los socialistas entre 2004 y 2011 fue neutro, tanto como la neutralidad activa que pregonaba Griñán. Alfredo P. también desaprueba los oscuros pronósticos que traza Rajoy, que es demasiado pesimista y "mete miedo". Debería darle unas elecciones en dos tardes sobre cómo negar la crisis y mentir sistemáticamente, que es algo que seguro satisface más al líder socialista.
La calle no es de nadie. Aunque socialistas y sindicatos carezcan de la más mínima credibilidad para pronunciarse sobre lo que debe o no hacerse en España, les asiste el derecho fundamental a manifestarse, a expresar su oposición a los planes del Gobierno mediante esa presión. Pero los límites están claros y el Gobierno ha de atajar toda deriva violenta con el rigor que demanden las circunstancias. Ley y orden. Sin excesos y abusos, pero con contundencia y eficacia.
domingo, febrero 26, 2012
domingo, febrero 19, 2012
LA FRANCIA FUERTE, LA FRANCIA DE SARKOZY
Han pasado cinco años desde que Nicolas Sarkozy prometió poner Francia patas arriba. Muchas cosas han cambiado y, en este momento, al Presidente francés se le presenta una campaña muy dura, con los sondeos en contra y los socialistas ganando terreno. En el pasado Sarko estaba de moda y era fácil ser partidario suyo. Hoy ya no es así. No ha cambiado, empero, mi adhesión a su persona. Durante su mandato, ha cometido errores. Los datos no engañan: Francia también está sufriendo la crisis. Ha crecido el paro, la calificación de su Deuda pública fue rebajada por Standard and Poor's y las perspectivas no son halagüeñas. Pero creo firmemente que Sarkozy es la mejor opción si Francia quiere seguir siendo una nación fuerte.
Su desempeño como Presidente, para qué negarlo, no ha sido óptimo. Ya no puede aparecer ante sus conciudadanos como el hombre bajo cuya influencia subiría el poder adquisitivo de los franceses. Ha promovido el error de la tasa sobre las transacciones financieras. Dijo aquella sandez de que había que "refundar el capitalismo". Como es patente, no excluyo las críticas, pues mi confianza no es inquebrantable. Sarkozy me encanta, me convence y me emociona, y es el político en activo al que más admiro; pero hay que recalcar sus fallos, reconocer que ha habido no pocas decepciones.
La crisis económica, implacable y duradera, es la causante directa del estado actual de Francia. Pero la gravedad de esta crisis, así como no lo fue para Zapatero y el PSOE, no debe ser una excusa para el zorro francés y la UMP, aunque se confunden quienes equiparan el caso de Zapatero al de Sarkozy. Con éste, Francia ha soportado mejor la crisis que otros países europeos, como Italia, Portugal o España. El propio Sarko lo ha explicado hoy en un multitudinario acto electoral: "No pretendo que hayamos tenido éxito en todo. Pero sí que hemos logrado escapar a una catástrofe". De Zapatero es mejor no hablar. No sólo no combatió eficazmente el problema, sino que sus recetas de bombero pirómano lo empeoraron.
Sarkozy no se ha quedado quieto estos cinco años. Ha habido reformas de gran importancia, como la de la Administración y la función pública o la de las pensiones. Su infatigable acción exterior ha devuelto a Francia un protagonismo que corría el riesgo de perder. La intervención en Libia es un ejemplo reciente. Junto con Merkel, ha asumido el liderazgo de una Europa agrietada y con el euro en peligro. Quizá ese papel y las decisiones que han ido unidas a él desagraden a muchos, pero no se puede obviar que ha sabido defender aquello en lo que creía, y nunca se ha quedado atrás. En relación con España, ha acosado sin cuartel a los terroristas nacionalistas vascos en suelo francés, valiéndole esta determinación nada menos que el Toisón de Oro. Difícilmente podrá encontrar España un amigo más fiable. Gracias a él España está invitada a las reuniones del G-20.
Sus niveles de popularidad son bajos y, como he comentado, las encuestas no prometen un paseo militar hasta la reelección. Es más, hay muchas posibilidades de que pierda, lo que significaría que el socialista Hollande podría llevar a cabo su programa, que es en verdad nefasto para los intereses de Francia y los de toda Europa. Hollande, un hombre anticuado y sin la suficiente experiencia, tan sólo tiene en mente subir los impuestos, gastar a mansalva en planes de estímulo y demás sopa boba (Sarkozy escribió en Testimonio que la especialidad de los socialistas franceses "es distribuir riquezas que no existen") y mucha pirotecnia progresista, al estilo de Zapatero: derechos sociales, favores para colectivos discriminados, retirada apresurada de Afganistán... Por lo tanto, Hollande no es garantía de una Francia triunfante.
Los franceses no tienen por qué conformarse con la mediocridad socialista y renunciar a lo que Sarkozy les prometió en 2007. Una nación de propietarios en la que se valore el trabajo duro, el mérito y el esfuerzo, con igualdad de oportunidades y donde sea posible la movilidad social. Una nación de derechos y también de deberes. Un Estado eficaz y al servicio de los ciudadanos, y una democracia irreprochable. Libertad, orden y defensa de los valores de la República. Mano dura contra la inmigración ilegal y los delincuentes. Esa batalla aún no está decidida.
Hay una Francia que, como confirmó Sarkozy cuando anunció su candidatura, "no cree en nada". Ésa es la Francia de los socialistas, que solamente ofrecen conformismo, demagogia y ética indolora. Sarkozy no se arredra ante las dificultades y, con ocasión de la campaña electoral, ha vuelto a alzar frente a los derrotistas los valores que más le importan: la responsabilidad, el trabajo y la autoridad.
Contra él se han vertido toda clase de maledicencias y críticas infundadas. La izquierda moralista le echó en cara su divorcio y envidió su matrimonio con Carla Bruni. Nada más llegar al poder hubo escándalo porque estuvo de vacaciones con un amigo millonario, unas vacaciones que no costaron un euro al contribuyente francés. Y, en la actualidad, se dice que se está escorando a la derecha, que practica el populismo... ¡Es la misma cantinela de hace cinco años!
Ante todo, sé que la crisis es capaz de destruir cualquier gobierno. Posiblemente Sarkozy, como tantos otros, haya errado en muchas cosas; entiendo que sea objeto de reproches por ello. Ha agotado parte del crédito que le otorgaron los franceses. Le toca recuperarlo y ganarse una segunda oportunidad en unos comicios difíciles. Para ello, cuenta con su magnetismo, su energía inagotable y su capacidad de persuasión. Ha aprendido de sus errores y un segundo mandato sería mejor que el primero. Por el contrario, si gana el endeble Hollande Francia puede despedirse de liderar Europa, de la austeridad que exigen las circunstancias y de todo proyecto ambicioso.
Su desempeño como Presidente, para qué negarlo, no ha sido óptimo. Ya no puede aparecer ante sus conciudadanos como el hombre bajo cuya influencia subiría el poder adquisitivo de los franceses. Ha promovido el error de la tasa sobre las transacciones financieras. Dijo aquella sandez de que había que "refundar el capitalismo". Como es patente, no excluyo las críticas, pues mi confianza no es inquebrantable. Sarkozy me encanta, me convence y me emociona, y es el político en activo al que más admiro; pero hay que recalcar sus fallos, reconocer que ha habido no pocas decepciones.
La crisis económica, implacable y duradera, es la causante directa del estado actual de Francia. Pero la gravedad de esta crisis, así como no lo fue para Zapatero y el PSOE, no debe ser una excusa para el zorro francés y la UMP, aunque se confunden quienes equiparan el caso de Zapatero al de Sarkozy. Con éste, Francia ha soportado mejor la crisis que otros países europeos, como Italia, Portugal o España. El propio Sarko lo ha explicado hoy en un multitudinario acto electoral: "No pretendo que hayamos tenido éxito en todo. Pero sí que hemos logrado escapar a una catástrofe". De Zapatero es mejor no hablar. No sólo no combatió eficazmente el problema, sino que sus recetas de bombero pirómano lo empeoraron.
Sarkozy no se ha quedado quieto estos cinco años. Ha habido reformas de gran importancia, como la de la Administración y la función pública o la de las pensiones. Su infatigable acción exterior ha devuelto a Francia un protagonismo que corría el riesgo de perder. La intervención en Libia es un ejemplo reciente. Junto con Merkel, ha asumido el liderazgo de una Europa agrietada y con el euro en peligro. Quizá ese papel y las decisiones que han ido unidas a él desagraden a muchos, pero no se puede obviar que ha sabido defender aquello en lo que creía, y nunca se ha quedado atrás. En relación con España, ha acosado sin cuartel a los terroristas nacionalistas vascos en suelo francés, valiéndole esta determinación nada menos que el Toisón de Oro. Difícilmente podrá encontrar España un amigo más fiable. Gracias a él España está invitada a las reuniones del G-20.
Sus niveles de popularidad son bajos y, como he comentado, las encuestas no prometen un paseo militar hasta la reelección. Es más, hay muchas posibilidades de que pierda, lo que significaría que el socialista Hollande podría llevar a cabo su programa, que es en verdad nefasto para los intereses de Francia y los de toda Europa. Hollande, un hombre anticuado y sin la suficiente experiencia, tan sólo tiene en mente subir los impuestos, gastar a mansalva en planes de estímulo y demás sopa boba (Sarkozy escribió en Testimonio que la especialidad de los socialistas franceses "es distribuir riquezas que no existen") y mucha pirotecnia progresista, al estilo de Zapatero: derechos sociales, favores para colectivos discriminados, retirada apresurada de Afganistán... Por lo tanto, Hollande no es garantía de una Francia triunfante.
Los franceses no tienen por qué conformarse con la mediocridad socialista y renunciar a lo que Sarkozy les prometió en 2007. Una nación de propietarios en la que se valore el trabajo duro, el mérito y el esfuerzo, con igualdad de oportunidades y donde sea posible la movilidad social. Una nación de derechos y también de deberes. Un Estado eficaz y al servicio de los ciudadanos, y una democracia irreprochable. Libertad, orden y defensa de los valores de la República. Mano dura contra la inmigración ilegal y los delincuentes. Esa batalla aún no está decidida.
Hay una Francia que, como confirmó Sarkozy cuando anunció su candidatura, "no cree en nada". Ésa es la Francia de los socialistas, que solamente ofrecen conformismo, demagogia y ética indolora. Sarkozy no se arredra ante las dificultades y, con ocasión de la campaña electoral, ha vuelto a alzar frente a los derrotistas los valores que más le importan: la responsabilidad, el trabajo y la autoridad.
Contra él se han vertido toda clase de maledicencias y críticas infundadas. La izquierda moralista le echó en cara su divorcio y envidió su matrimonio con Carla Bruni. Nada más llegar al poder hubo escándalo porque estuvo de vacaciones con un amigo millonario, unas vacaciones que no costaron un euro al contribuyente francés. Y, en la actualidad, se dice que se está escorando a la derecha, que practica el populismo... ¡Es la misma cantinela de hace cinco años!
Ante todo, sé que la crisis es capaz de destruir cualquier gobierno. Posiblemente Sarkozy, como tantos otros, haya errado en muchas cosas; entiendo que sea objeto de reproches por ello. Ha agotado parte del crédito que le otorgaron los franceses. Le toca recuperarlo y ganarse una segunda oportunidad en unos comicios difíciles. Para ello, cuenta con su magnetismo, su energía inagotable y su capacidad de persuasión. Ha aprendido de sus errores y un segundo mandato sería mejor que el primero. Por el contrario, si gana el endeble Hollande Francia puede despedirse de liderar Europa, de la austeridad que exigen las circunstancias y de todo proyecto ambicioso.
domingo, febrero 12, 2012
EL HOMBRE QUE VEÍA ANOCHECER
El juez Baltasar Garzón, apodado Campeador, ha sido hallado culpable del delito de prevaricación y condenado a 11 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo. Es improbable que vuelva a ejercer de juez. Al margen de las rabietas de los sectarios que le han encumbrado como adalid de la democracia, el Poder Judicial va a ganar calidad sin este deficiente juez instructor que se ha caracterizado muy principalmente por valerse de su condición para ganar notoriedad y protagonismo, que es lo único que ha hecho de un tiempo a esta parte. Era un elemento anómalo en el sistema: su expulsión de la Audiencia Nacional y de la carrera judicial es la mejor manera de inaugurar un período de reformas en la Justicia.
No es mi deseo explicar por qué Garzón ha sido condenado por prevaricación. La sentencia del TS, demoledora y sólida, es lo suficientemente expresiva: "La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia". Pero a sus admiradores poco o nada les importa que Garzón hiciera caso omiso del tenor literal del artículo 51.2 de la Ley 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y que vulnerase el derecho de defensa de forma flagrante. Así las cosas, el diario El País está decidido a excusar lo que sea con tal de presentar a Garzón como un mártir, cuando en el pasado no dudó en arremeter contra él duramente a causa de su investigación sobre los GAL: "Ningún fin, ni siquiera el de conocer toda la verdad sobre los GAL, justifica pasar por encima de los procedimientos", manifestaba en un editorial de 1995. A tenor de sus últimas posturas, cabe añadir una excepción a la regla: "Sí está justificado saltarse las normas cuando se trata de investigar --y filtrar datos a este diario-- un caso de corrupción que salpica al PP".
¿Quién es este juez, otrora denostado y vituperado por la izquierda, que reúne hoy día tantos y tan destacados adeptos y por el que merece la pena echar por tierra viejas doctrinas y opiniones, descalificar al Tribunal Supremo y poner en duda la validez del Estado de Derecho? ¿Un héroe, acaso? Nada más lejos de la realidad. Ha sido y es un individuo vanidoso, interesado y excesivo cuyos méritos --menores de lo que se cree-- no compensan la campaña que exige su impunidad.
Nunca investigó los crímenes franquistas. Disponía de medios distintos a la interceptación de las comunicaciones de los presos con sus abogados en prisión para impedir una fuga de capitales. Y está imputado y acusado en una tercera causa debido a la financiación de sus seminarios en el extranjero. En lugar de comportarse con normalidad y asumir que fue demasiado lejos, Garzón ha caído en una especie de demencia, no le preocupa el daño que su actitud está provocando a la Justicia. Sus declaraciones en el juicio, señalando que a él sólo le mueve la "razón democrática", así lo atestiguan. Su alegato final en el juicio por haberse atribuido una competencia de la que carecía terminaba como sigue: "El tribunal de un hombre, decía Kant, es su conciencia. Tengo la mía tranquila". En suma, para Garzón las leyes positivas son poca cosa. Pesan más la razón democrática y su conciencia, o sea, el clamor popular (sólo si es de signo progresista, claro) y su santo parecer. Su arrogancia demuestra que la judicatura se está librando de un peso enorme.
La contrapartida a esta indudable ganancia es la reacción airada y extramuros del sistema de la izquierda más extremista. A los defensores de Garzón no les ha hecho falta leer la sentencia para mostrar su desacuerdo con la misma o, lisa y llanamente, no respetarla y acatarla, como hizo Llamazares. Evidentemente, casos tan patológicos como los del amargado Llamazares e IU producen más a la risa que a otra cosa, ya que poco efecto ha de tener su insumisión, a no ser que reúnan el valor suficiente para incendiar el TS y a los fascistas que moran en él, cosa que dudo. Pero, se mire como se mire, es terrible que se asuma con normalidad que un diputado, un legislador a fin de cuentas, supuestamente integrado en el sistema, se permita esas opiniones, diametralmente contrarias a los principios del Estado de Derecho. Y lo peor es que pueda cundir el ejemplo.
Hay una distancia considerable entre la crítica legítima y basada en argumentos jurídicos a una resolución judicial y los insultos y desplantes que está recibiendo el Tribunal Supremo. El propio Garzón parece contento con estas tendencias insanas de sus seguidores. Para ellos, el Campeador debería gozar de carta blanca en la medida en que se encargara de las causas convenientes a los sueños húmedos de la progresía. Y si alguien osa ponerle límite o recordarle su sometimiento a la ley y el Derecho, se le tacha de franquista y torturador. Fuerza es concluir que algunos, empezando por el propio afectado, han enunciado que Garzón legibus solutus est. El TS, en una sentencia ejemplar, ha arruinado tan aberrante y perturbadora fantasía. Por eso no quieren aceptar la decisión y recurren a los insultos y a manifestaciones que rozan lo delictivo. El aquelarre celebrado en 2010 en la Universidad Complutense se está repitiendo amplificado por cien. Hay que neutralizar cualquier intento sedicioso.
Desde El País hasta El Plural, se han esgrimido en su favor pintorescos argumentos que ponen de relieve el extravío jurídico y el sueño de la razón de la izquierda española. Por ejemplo, se dice que su prestigio internacional tendría que haberle preservado de este amargo trago, para que no resultara perjudicada la imagen de España. Quizá a partir de ahora deba guiarse la Justicia española por los dictados del New York Times y tutti quanti, aunque su conocimiento de la materia sea más bien escaso. Lo último es que, según no se sabe qué encuestas de pacotilla, la mayoría piensa que no es justa la condena. Sin lugar a dudas, sería un buen modo de impartir justicia uno consistente en que los medios de comunicación, a través de sus páginas de Internet, preguntasen a sus lectores quién debe ser condenado y quién no. Pulgares arriba o abajo.
A pesar del título de este artículo, no es seguro que la inhabilitación suponga el fin de Garzón. Circulan elucubraciones acerca de su eventual coronación como líder de un frente popular actualizado y dispuesto a tomar el poder desde la calle. Reconozco que goza de popularidad entre los radicales y que tiene muchos contactos, y soberbia y ambición no le faltan.
Sin embargo, no será como magistrado. En el cartel de Juez Dredd (1995) había una frase: "In The Future, One Man Is The Law". Garzón ha perdido esa batalla y ya no podrá ser un juez Dredd capaz de tirar contra la derecha desde la AN.
No es mi deseo explicar por qué Garzón ha sido condenado por prevaricación. La sentencia del TS, demoledora y sólida, es lo suficientemente expresiva: "La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia". Pero a sus admiradores poco o nada les importa que Garzón hiciera caso omiso del tenor literal del artículo 51.2 de la Ley 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y que vulnerase el derecho de defensa de forma flagrante. Así las cosas, el diario El País está decidido a excusar lo que sea con tal de presentar a Garzón como un mártir, cuando en el pasado no dudó en arremeter contra él duramente a causa de su investigación sobre los GAL: "Ningún fin, ni siquiera el de conocer toda la verdad sobre los GAL, justifica pasar por encima de los procedimientos", manifestaba en un editorial de 1995. A tenor de sus últimas posturas, cabe añadir una excepción a la regla: "Sí está justificado saltarse las normas cuando se trata de investigar --y filtrar datos a este diario-- un caso de corrupción que salpica al PP".
¿Quién es este juez, otrora denostado y vituperado por la izquierda, que reúne hoy día tantos y tan destacados adeptos y por el que merece la pena echar por tierra viejas doctrinas y opiniones, descalificar al Tribunal Supremo y poner en duda la validez del Estado de Derecho? ¿Un héroe, acaso? Nada más lejos de la realidad. Ha sido y es un individuo vanidoso, interesado y excesivo cuyos méritos --menores de lo que se cree-- no compensan la campaña que exige su impunidad.
Nunca investigó los crímenes franquistas. Disponía de medios distintos a la interceptación de las comunicaciones de los presos con sus abogados en prisión para impedir una fuga de capitales. Y está imputado y acusado en una tercera causa debido a la financiación de sus seminarios en el extranjero. En lugar de comportarse con normalidad y asumir que fue demasiado lejos, Garzón ha caído en una especie de demencia, no le preocupa el daño que su actitud está provocando a la Justicia. Sus declaraciones en el juicio, señalando que a él sólo le mueve la "razón democrática", así lo atestiguan. Su alegato final en el juicio por haberse atribuido una competencia de la que carecía terminaba como sigue: "El tribunal de un hombre, decía Kant, es su conciencia. Tengo la mía tranquila". En suma, para Garzón las leyes positivas son poca cosa. Pesan más la razón democrática y su conciencia, o sea, el clamor popular (sólo si es de signo progresista, claro) y su santo parecer. Su arrogancia demuestra que la judicatura se está librando de un peso enorme.
La contrapartida a esta indudable ganancia es la reacción airada y extramuros del sistema de la izquierda más extremista. A los defensores de Garzón no les ha hecho falta leer la sentencia para mostrar su desacuerdo con la misma o, lisa y llanamente, no respetarla y acatarla, como hizo Llamazares. Evidentemente, casos tan patológicos como los del amargado Llamazares e IU producen más a la risa que a otra cosa, ya que poco efecto ha de tener su insumisión, a no ser que reúnan el valor suficiente para incendiar el TS y a los fascistas que moran en él, cosa que dudo. Pero, se mire como se mire, es terrible que se asuma con normalidad que un diputado, un legislador a fin de cuentas, supuestamente integrado en el sistema, se permita esas opiniones, diametralmente contrarias a los principios del Estado de Derecho. Y lo peor es que pueda cundir el ejemplo.
Hay una distancia considerable entre la crítica legítima y basada en argumentos jurídicos a una resolución judicial y los insultos y desplantes que está recibiendo el Tribunal Supremo. El propio Garzón parece contento con estas tendencias insanas de sus seguidores. Para ellos, el Campeador debería gozar de carta blanca en la medida en que se encargara de las causas convenientes a los sueños húmedos de la progresía. Y si alguien osa ponerle límite o recordarle su sometimiento a la ley y el Derecho, se le tacha de franquista y torturador. Fuerza es concluir que algunos, empezando por el propio afectado, han enunciado que Garzón legibus solutus est. El TS, en una sentencia ejemplar, ha arruinado tan aberrante y perturbadora fantasía. Por eso no quieren aceptar la decisión y recurren a los insultos y a manifestaciones que rozan lo delictivo. El aquelarre celebrado en 2010 en la Universidad Complutense se está repitiendo amplificado por cien. Hay que neutralizar cualquier intento sedicioso.
Desde El País hasta El Plural, se han esgrimido en su favor pintorescos argumentos que ponen de relieve el extravío jurídico y el sueño de la razón de la izquierda española. Por ejemplo, se dice que su prestigio internacional tendría que haberle preservado de este amargo trago, para que no resultara perjudicada la imagen de España. Quizá a partir de ahora deba guiarse la Justicia española por los dictados del New York Times y tutti quanti, aunque su conocimiento de la materia sea más bien escaso. Lo último es que, según no se sabe qué encuestas de pacotilla, la mayoría piensa que no es justa la condena. Sin lugar a dudas, sería un buen modo de impartir justicia uno consistente en que los medios de comunicación, a través de sus páginas de Internet, preguntasen a sus lectores quién debe ser condenado y quién no. Pulgares arriba o abajo.
A pesar del título de este artículo, no es seguro que la inhabilitación suponga el fin de Garzón. Circulan elucubraciones acerca de su eventual coronación como líder de un frente popular actualizado y dispuesto a tomar el poder desde la calle. Reconozco que goza de popularidad entre los radicales y que tiene muchos contactos, y soberbia y ambición no le faltan.
Sin embargo, no será como magistrado. En el cartel de Juez Dredd (1995) había una frase: "In The Future, One Man Is The Law". Garzón ha perdido esa batalla y ya no podrá ser un juez Dredd capaz de tirar contra la derecha desde la AN.
domingo, febrero 05, 2012
NO ESTAMOS EQUIVOCADOS: LAS DIFICULTADES DE HOY SON LA GARANTÍA DE UN MAÑANA MEJOR
Ad stra per aspera. Es el lema de Kansas. Significa: Hacia las estrellas a través de las dificultades o, en otras palabras, sin sacrificios es difícil llegar a lo más alto. Es un lema al que agarrarse en este prolongado período de crisis económica y, asimismo, un lema en el que refugiarse ante las políticas de corte keynesiano (aunque no basadas en lo que de verdad se hizo en los años treinta) que están retornando al debate público en contraposición a los esfuerzos por reducir el déficit y la Deuda pública. Cada día, desde el PSOE o desde El País --también, horrendum dictu, desde el Gobierno-- se expone el tópico de que la austeridad estrangula el crecimiento y que hay que estimular la economía. En su versión más vulgar, este pensamiento se contiene en la siguiente frase: "Sólo con austeridad no llegamos".
De entrada, es razonable creer que fuertes restricciones presupuestarias entrañan efectos negativos sobre la economía, una contracción. El problema es que no hay alternativa. Cuando tantos y tan variopintos analistas hablan de estímulos al crecimiento y de que los Estados sean cautelosos con sus objetivos de déficit, me pregunto si es que pertenecen a una realidad alternativa. ¿Más gasto público? ¿Aparcar sine die el aseguramiento de la estabilidad de la Deuda pública? El caso español ilustra a la perfección lo errado de estas opiniones. Con la crisis, de un superávit del 2% se pasó a un déficit del 11% antes de los recortes de 2010. Déficit en gran parte debido a las recetas keynesianas del Gobierno socialista. Esa expansión presupuestaria, hoy incomprensiblemente de nuevo en boga, no palió la destrucción masiva de puestos de trabajo ni empujó el PIB. La experiencia, reciente y clara, no deja lugar a dudas.
Adquiere plena vigencia un extracto del discurso que Margaret Thatcher dirigió al Partido Conservador en la Conferencia de Brighton de 1980: "Si gastar dinero como agua fuera la respuesta a los problemas de nuestro país, ahora no tendríamos problemas. Si alguna vez una nación ha gastado, gastado, gastado y gastado todavía más, ésa ha sido la nuestra. Hoy ese sueño se acabó. Todo ese dinero no nos ha llevado a ninguna parte, pero aún debe salir de algún sitio. Aquéllos que nos animan a aflojar las restricciones, a gastar aún más indiscriminadamente en la creencia de que ayudará a los parados y a los pequeños empresarios, no son buenos, ni compasivos, ni humanitarios". Disculparán la larga cita, pero se ajusta como un guante a la discusión en torno al equilibrio presupuestario.
Los que combaten ese principio, Krugman y compañía, están lejos de despetar del sueño. Para ellos, la economía se asemeja a un drogadicto que, víctima del síndrome de abstinencia, temblando y retorciéndose, requiere sin dilación nuevas inyecciones de vigoroso dinero público. La droga, sin duda, le aliviará momentáneamente y reforzará su confianza en las ventajas de la adicción. Pero, a la larga, el daño será irreparable, no podrá desengancharse y morirá irremisiblemente. El remedio para España y toda Europa es una estricta cura de desintoxicación.
En cualquier caso, los continuadores de Keynes emiten sus cábalas sobre un escenario (triunfo del ultraliberalismo, déficit cero, especuladores implacables, recortes salvajes...) inventado en buena medida por ellos mismos. Es verdad que en todas partes se ha levantado la bandera del equilibrio presupuestario y la austeridad. En España se ha reformado la Constitución para incluir límites al déficit y endeudamiento públicos. Mas la realidad dista mucho de la letra y buenas intenciones de esos principios. Aquí, sin ir más lejos, el nuevo Gobierno aún no ha acometido un ajuste digno de tal nombre; y ya está pensando en negociar el objetivo de déficit (el 4,4% para 2012). Y, por lo que se refiere a los voraces mercados, nadie está exigiendo que la Deuda pública se amortice de un día para otro. Los inversores sólo necesitan la seguridad de que se les devolverá su dinero, y para conseguirla hay que conducir la Deuda a unos niveles más sostenibles. Lo cual puede hacerse de forma progresiva.
Indudablemente, deben efectuarse nuevos y severos recortes. Ello quizá ahogue el crecimiento, pero no la recuperación. Esto es, a corto plazo se dejará sentir la temida contracción. 2012 será un año duro en ese sentido. Posteriormente, la economía despegará, pues habrá sido saneada a fondo. Si vuelven las políticas expansivas de 2008 y 2009, España no habrá aprendido nada de errores pasados. Además, cuando el sector público deje de acaparar recursos con sus emisiones de bonos, es claro que más empresas y particulares tendrán a su disposición crédito para sus negocios.
A Krugman y sus turiferarios les doy la razón en que lo anterior no basta. Son igualmente procedentes reformas de calado. No sólo la del sistema financiero y la del mercado de trabajo, pues hay que actuar en otros muchos ámbitos: en la Justicia, en la proyección de las empresas españolas en el exterior, en educación e innovación, etcétera.
Depender del Estado para crecer o para tener un empleo, o estar a expensas de lo que decidan y proyecten los poderes públicos, es el ideal socialista que late en el fondo de todos esos preciosos planes de estímulo. Abandonarse en brazos del Estado, que es lo que está ofreciendo Hollande en Francia, no es la solución. Ojalá esa gran nación no abandone la senda reformista marcada por Nicolas Sarkozy.
Por lo tanto, es mejor sufrir y resistir el temporal. Aceptar las limitaciones, la frugalidad y los recortes. Y atar a Mariano Rajoy en el mástil a fin de que no sea sugestionado por los cantos de sirena de quienes con droga pública pretenden salvar todas las dificultades. Le corresponde a Cristóbal Montoro, desde el Ministerio de Hacienda, la tarea de preservar al líder de tan poderosas tentaciones.
No sé si la frase es suya, pero en The Iron Lady (2012) Thatcher hace un comentario que cito como conclusión: "Gentlemen, if we don’t cut spending we will be bankrupt. Yes, the medicine is harsh, but the patient requires it in order to live. Should we withhold the medicine? No. We are not wrong".
De entrada, es razonable creer que fuertes restricciones presupuestarias entrañan efectos negativos sobre la economía, una contracción. El problema es que no hay alternativa. Cuando tantos y tan variopintos analistas hablan de estímulos al crecimiento y de que los Estados sean cautelosos con sus objetivos de déficit, me pregunto si es que pertenecen a una realidad alternativa. ¿Más gasto público? ¿Aparcar sine die el aseguramiento de la estabilidad de la Deuda pública? El caso español ilustra a la perfección lo errado de estas opiniones. Con la crisis, de un superávit del 2% se pasó a un déficit del 11% antes de los recortes de 2010. Déficit en gran parte debido a las recetas keynesianas del Gobierno socialista. Esa expansión presupuestaria, hoy incomprensiblemente de nuevo en boga, no palió la destrucción masiva de puestos de trabajo ni empujó el PIB. La experiencia, reciente y clara, no deja lugar a dudas.
Adquiere plena vigencia un extracto del discurso que Margaret Thatcher dirigió al Partido Conservador en la Conferencia de Brighton de 1980: "Si gastar dinero como agua fuera la respuesta a los problemas de nuestro país, ahora no tendríamos problemas. Si alguna vez una nación ha gastado, gastado, gastado y gastado todavía más, ésa ha sido la nuestra. Hoy ese sueño se acabó. Todo ese dinero no nos ha llevado a ninguna parte, pero aún debe salir de algún sitio. Aquéllos que nos animan a aflojar las restricciones, a gastar aún más indiscriminadamente en la creencia de que ayudará a los parados y a los pequeños empresarios, no son buenos, ni compasivos, ni humanitarios". Disculparán la larga cita, pero se ajusta como un guante a la discusión en torno al equilibrio presupuestario.
Los que combaten ese principio, Krugman y compañía, están lejos de despetar del sueño. Para ellos, la economía se asemeja a un drogadicto que, víctima del síndrome de abstinencia, temblando y retorciéndose, requiere sin dilación nuevas inyecciones de vigoroso dinero público. La droga, sin duda, le aliviará momentáneamente y reforzará su confianza en las ventajas de la adicción. Pero, a la larga, el daño será irreparable, no podrá desengancharse y morirá irremisiblemente. El remedio para España y toda Europa es una estricta cura de desintoxicación.
En cualquier caso, los continuadores de Keynes emiten sus cábalas sobre un escenario (triunfo del ultraliberalismo, déficit cero, especuladores implacables, recortes salvajes...) inventado en buena medida por ellos mismos. Es verdad que en todas partes se ha levantado la bandera del equilibrio presupuestario y la austeridad. En España se ha reformado la Constitución para incluir límites al déficit y endeudamiento públicos. Mas la realidad dista mucho de la letra y buenas intenciones de esos principios. Aquí, sin ir más lejos, el nuevo Gobierno aún no ha acometido un ajuste digno de tal nombre; y ya está pensando en negociar el objetivo de déficit (el 4,4% para 2012). Y, por lo que se refiere a los voraces mercados, nadie está exigiendo que la Deuda pública se amortice de un día para otro. Los inversores sólo necesitan la seguridad de que se les devolverá su dinero, y para conseguirla hay que conducir la Deuda a unos niveles más sostenibles. Lo cual puede hacerse de forma progresiva.
Indudablemente, deben efectuarse nuevos y severos recortes. Ello quizá ahogue el crecimiento, pero no la recuperación. Esto es, a corto plazo se dejará sentir la temida contracción. 2012 será un año duro en ese sentido. Posteriormente, la economía despegará, pues habrá sido saneada a fondo. Si vuelven las políticas expansivas de 2008 y 2009, España no habrá aprendido nada de errores pasados. Además, cuando el sector público deje de acaparar recursos con sus emisiones de bonos, es claro que más empresas y particulares tendrán a su disposición crédito para sus negocios.
A Krugman y sus turiferarios les doy la razón en que lo anterior no basta. Son igualmente procedentes reformas de calado. No sólo la del sistema financiero y la del mercado de trabajo, pues hay que actuar en otros muchos ámbitos: en la Justicia, en la proyección de las empresas españolas en el exterior, en educación e innovación, etcétera.
Depender del Estado para crecer o para tener un empleo, o estar a expensas de lo que decidan y proyecten los poderes públicos, es el ideal socialista que late en el fondo de todos esos preciosos planes de estímulo. Abandonarse en brazos del Estado, que es lo que está ofreciendo Hollande en Francia, no es la solución. Ojalá esa gran nación no abandone la senda reformista marcada por Nicolas Sarkozy.
Por lo tanto, es mejor sufrir y resistir el temporal. Aceptar las limitaciones, la frugalidad y los recortes. Y atar a Mariano Rajoy en el mástil a fin de que no sea sugestionado por los cantos de sirena de quienes con droga pública pretenden salvar todas las dificultades. Le corresponde a Cristóbal Montoro, desde el Ministerio de Hacienda, la tarea de preservar al líder de tan poderosas tentaciones.
No sé si la frase es suya, pero en The Iron Lady (2012) Thatcher hace un comentario que cito como conclusión: "Gentlemen, if we don’t cut spending we will be bankrupt. Yes, the medicine is harsh, but the patient requires it in order to live. Should we withhold the medicine? No. We are not wrong".
domingo, enero 29, 2012
LA JUSTICIA EN MAREAS MISTERIOSAS
Está claro que, allí donde recala, Gallardón no pasa desapercibido: nunca dejará de portar bajo el brazo una inmensa ambición y proyectos colosales. Si en el pasado fue transformar Madrid de arriba abajo, hoy se trata de arreglar la Justicia española a través de una importante reforma presentada esta semana en el Congreso de los Diputados. Asunto soslayado en la campaña electoral, su regreso a la actualidad es, ante todo, una excelente noticia. Puede que sea reticente a muchas de las ideas de Gallardón, pero la sacudida, con el debate y la atención que generará, será vivificante para una Justicia en apuros.
La reforma clave para la regeneración de la Justicia es la del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que ya no serán exclusivamente elegidos por el Parlamento, recuperándose, pues, el sistema de elección original, el más acorde con lo que dicta la Constitución en su artículo 122.3.
Tiene razón Andrés de la Oliva, prestigioso jurista, cuando avisa que, a pesar de que apoye el cambio, no cree que "se vaya a transfigurar de inmediato nuestra maltrecha Justicia en una Justicia resplandeciente". Lo cual no obsta a que haya que aplaudir la iniciativa de Gallardón.
A la independencia del Poder Judicial los detractores de este cambio anteponen una suerte de control democrático. Concepto el antedicho de nuevo cuño en el caso del PSOE, toda vez que su excusa original para que jueces y magistrados no eligieran a los miembros de su propio órgano de gobierno fue que eran demasiado conservadores. Una coartada inválida entonces y aún más en la actualidad.
En mi opinión, la del control democrático es una defectuosa pantalla para ocultar la verdadera realidad del CGPJ, esto es, la de un órgano que, en lugar de servir a la independencia judicial, sirve a los partidos políticos. Nunca ha existido ese control y nunca ha sido tal la intención detrás de la elección parlamentaria de todos los vocales del CGPJ desde 1985. El sistema de cuotas prevenido por el Tribunal Constitucional es hoy una realidad indiscutible. El CGPJ es un Parlamento judicial en miniatura, con sus vocales conservadores y progresistas. Obviamente no siempre actúa de forma partidista, sólo cuando así lo requieren los partidos. Y no es algo baladí. El CGPJ es competente en materia de régimen disciplinario y de ascensos y destinos. Es natural que los políticos no quieran renunciar a esta arma. Por eso alabo la valentía de Gallardón.
Aun así, alguien podrá sostener que no es buena una separación de poderes tan radical. Ése es un problema inventado. Los jueces están sometidos al principio de legalidad, deben limitarse a resolver sobre la aplicación de las leyes, expresión de la voluntad general, a casos concretos. Así ha de ser la conexión del Poder Judicial con la soberanía nacional. No hace falta que el Parlamento, que seguirá eligiendo a ocho de los veinte vocales, llegue tan lejos en sus relaciones con la Justicia.
Es probable que una mayoría de jueces y magistrados sea de talante conservador, lo que no es extraño en una profesión de esas características. No me preocupa en absoluto. Tengo escrito --y lo reitero-- que los jueces, "en su mayoría, son profesionales del Derecho competentes y preparados que juzgan y hacen ejecutar lo juzgado con independencia". Son capaces de abstraerse de su pensamiento político cuando ejercen funciones jurisdiccionales. Conviene subrayar que la manipulación partidista del CGPJ ha tenido efectos en las más altas esferas judiciales, no en la base. En cualquier caso, habrá que calibrar el peso de las asociaciones profesionales en la elección de los doce vocales de extracción judicial a fin de que no se sepulten las posibilidades de candidaturas independientes.
El resumen de lo anterior es que nadie debe dejar que le engañen. El PSOE, IU y PNV no rechazan el cambio en el CGPJ en aras de la soberanía nacional y la democracia, sino por mantener en él cuotas de poder e influencia, que siempre y sin excepción han utilizado con fines partidistas.
La reforma de Gallardón es, evidentemente, de mayor alcance. Se han anunciado tantas modificaciones legislativas que han despertado el espíritu desconfiado de De la Oliva, quien ha escrito: "Cuando los políticos no saben qué hacer, hacen leyes, en especial a falta de millones para hacer algo visible y tangible".
De momento, parece que no peligra la figura del juez de instrucción, si bien Gallardón ha dicho que potenciará las facultades de investigación del fiscal y no se abandona la nefasta idea del "juez de garantías" en una instrucción controlada por el fiscal cuando se adecuen las plantillas. Sigo pensando que entregar la instrucción a los fiscales sería un craso error.
Otro tema que suscitará controversia es el de la cadena perpetua, llamada ahora "prisión permanente revisable". Más que hablar sobre esta pena en sí, es pertinente cierta reflexión nacida de la cautela. Se han encadenado varios casos notorios en España que, por culpa de los juicios paralelos difundidos desde los medios de comunicación, han escandalizado a la opinión pública, que parece demandar penas más duras. Hay que ser prudente con tales exigencias. El Código Penal es ya bastante riguroso. Muchas veces, la laxitud no proviene de las leyes penales, sino de la ejecución de la condena y de un régimen penitenciario muy garantista.
Es mucho lo que hay que concretar y ya se irá descubriendo en los próximos meses, por lo que me reservo un análisis más completo de esta amplia reforma. La Justicia se adentra en mareas misteriosas. De la pericia de quien se ha atribuido la misión de salvarla dependerá en gran medida que llegue a buen puerto después de años de decadencia.
La reforma clave para la regeneración de la Justicia es la del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que ya no serán exclusivamente elegidos por el Parlamento, recuperándose, pues, el sistema de elección original, el más acorde con lo que dicta la Constitución en su artículo 122.3.
Tiene razón Andrés de la Oliva, prestigioso jurista, cuando avisa que, a pesar de que apoye el cambio, no cree que "se vaya a transfigurar de inmediato nuestra maltrecha Justicia en una Justicia resplandeciente". Lo cual no obsta a que haya que aplaudir la iniciativa de Gallardón.
A la independencia del Poder Judicial los detractores de este cambio anteponen una suerte de control democrático. Concepto el antedicho de nuevo cuño en el caso del PSOE, toda vez que su excusa original para que jueces y magistrados no eligieran a los miembros de su propio órgano de gobierno fue que eran demasiado conservadores. Una coartada inválida entonces y aún más en la actualidad.
En mi opinión, la del control democrático es una defectuosa pantalla para ocultar la verdadera realidad del CGPJ, esto es, la de un órgano que, en lugar de servir a la independencia judicial, sirve a los partidos políticos. Nunca ha existido ese control y nunca ha sido tal la intención detrás de la elección parlamentaria de todos los vocales del CGPJ desde 1985. El sistema de cuotas prevenido por el Tribunal Constitucional es hoy una realidad indiscutible. El CGPJ es un Parlamento judicial en miniatura, con sus vocales conservadores y progresistas. Obviamente no siempre actúa de forma partidista, sólo cuando así lo requieren los partidos. Y no es algo baladí. El CGPJ es competente en materia de régimen disciplinario y de ascensos y destinos. Es natural que los políticos no quieran renunciar a esta arma. Por eso alabo la valentía de Gallardón.
Aun así, alguien podrá sostener que no es buena una separación de poderes tan radical. Ése es un problema inventado. Los jueces están sometidos al principio de legalidad, deben limitarse a resolver sobre la aplicación de las leyes, expresión de la voluntad general, a casos concretos. Así ha de ser la conexión del Poder Judicial con la soberanía nacional. No hace falta que el Parlamento, que seguirá eligiendo a ocho de los veinte vocales, llegue tan lejos en sus relaciones con la Justicia.
Es probable que una mayoría de jueces y magistrados sea de talante conservador, lo que no es extraño en una profesión de esas características. No me preocupa en absoluto. Tengo escrito --y lo reitero-- que los jueces, "en su mayoría, son profesionales del Derecho competentes y preparados que juzgan y hacen ejecutar lo juzgado con independencia". Son capaces de abstraerse de su pensamiento político cuando ejercen funciones jurisdiccionales. Conviene subrayar que la manipulación partidista del CGPJ ha tenido efectos en las más altas esferas judiciales, no en la base. En cualquier caso, habrá que calibrar el peso de las asociaciones profesionales en la elección de los doce vocales de extracción judicial a fin de que no se sepulten las posibilidades de candidaturas independientes.
El resumen de lo anterior es que nadie debe dejar que le engañen. El PSOE, IU y PNV no rechazan el cambio en el CGPJ en aras de la soberanía nacional y la democracia, sino por mantener en él cuotas de poder e influencia, que siempre y sin excepción han utilizado con fines partidistas.
La reforma de Gallardón es, evidentemente, de mayor alcance. Se han anunciado tantas modificaciones legislativas que han despertado el espíritu desconfiado de De la Oliva, quien ha escrito: "Cuando los políticos no saben qué hacer, hacen leyes, en especial a falta de millones para hacer algo visible y tangible".
De momento, parece que no peligra la figura del juez de instrucción, si bien Gallardón ha dicho que potenciará las facultades de investigación del fiscal y no se abandona la nefasta idea del "juez de garantías" en una instrucción controlada por el fiscal cuando se adecuen las plantillas. Sigo pensando que entregar la instrucción a los fiscales sería un craso error.
Otro tema que suscitará controversia es el de la cadena perpetua, llamada ahora "prisión permanente revisable". Más que hablar sobre esta pena en sí, es pertinente cierta reflexión nacida de la cautela. Se han encadenado varios casos notorios en España que, por culpa de los juicios paralelos difundidos desde los medios de comunicación, han escandalizado a la opinión pública, que parece demandar penas más duras. Hay que ser prudente con tales exigencias. El Código Penal es ya bastante riguroso. Muchas veces, la laxitud no proviene de las leyes penales, sino de la ejecución de la condena y de un régimen penitenciario muy garantista.
Es mucho lo que hay que concretar y ya se irá descubriendo en los próximos meses, por lo que me reservo un análisis más completo de esta amplia reforma. La Justicia se adentra en mareas misteriosas. De la pericia de quien se ha atribuido la misión de salvarla dependerá en gran medida que llegue a buen puerto después de años de decadencia.
domingo, enero 22, 2012
LOS CANDIDATOS DEL GOP. ¿CUÁL ES MEJOR?
Las primarias republicanas se están complicando y, en verdad, poco o nada bueno está saliendo de ellas por ahora. Cada uno de los candidatos reúne características que pueden resultar de interés individualmente consideradas para, cuando se analiza el conjunto, fracasar notablemente. Por ejemplo, Herman Cain era hasta cierto punto atractivo gracias a su perfil de político no profesional y a su activismo en los años noventa en la oposición a los planes sanitarios de Bill Clinton. Después, sus ideas descabelladas, su extravagancia y sus escarceos amorosos arruinaron su candidatura.
La designación en estos momentos podría recaer en tres nombres. Mitt Romney es aún el favorito, pero Rick Santorum y, en mayor medida, Newt Gingrich son huesos duros de roer. ¿A quién elegiría si pudiese votar?
Destaco, en primer lugar, lo bueno del señor Gingrich, esto es, una imponente trayectoria en la Cámara de Representantes, muchos libros a sus espaldas y su formación como historiador. Sinceramente, tendría mucho gusto en leer su tesis doctoral, que versó sobre la política educativa en el Congo belga entre 1945 y 1960 (año de la independencia). El problema es que una vida política tan dilatada, no exenta de cambios de opinión y escándalos, puede proporcionar munición a los demócratas. Y, por supuesto, la infidelidad a una de sus esposas juega en su contra. No conozco a fondo sus ideas, pero sus discursos --ricos, sólidos y rebosantes de cultura-- me inquietan puntualmente. En el terreno de la imagen, le encuentro demasiado estrafalario y desagradable a la vista.
No obstante, en un jugoso artículo Alfredo se decanta por Gingrich: debido a que se ubica en la tradición de Alexander Hamilton y Teddy Roosevelt, reconoce que es "el que más se acerca a mi cosmovisión". Mas, a renglón seguido, señala sus limitaciones y fallos. Sospecho que el candidato ideal de Alfredo dista mucho de un político que ataca a Romney por sus ganancias y su pasado como empresario, aunque para él sea el menos malo.
Rick Santorum es, sin duda, un hombre de convicción. Admiro a los que, como él, presentan batalla en tantos frentes y acaban enzarzados en diversas polémicas en las que participan sin descanso haciendo valer sus ideas y creencias. Le descarto como candidato fiable porque, de entrada, los católicos en Estados Unidos son muy especiales; y, en segundo término, por su enmienda a la Ley No Child Left Behind en virtud de la cual debía enseñarse en la escuela pública el diseño inteligente (creacionismo) como alternativa a la teoría de la evolución.
Obiter dictum, la suma de Gingrich y Santorum es Greg Stillson, el malo de La zona muerta (1985), de Stephen King.
Resta Mitt Romney, del que los republicanos parecen recelar. No quieren que obtenga una victoria rápida y clara en las primarias. No es tan conservador como quieren los más conservadores, pero dudo de la utilidad de una deriva extremista. Romney aparenta ser más moderado y sensato que sus rivales, lo que no implica que no vaya a ser capaz de adoptar decisiones comprometidas en caso de llegar a la Casa Blanca. Estados Unidos necesita ante todo ese liderazgo y nuevas ideas. El pedigrí conservador es secundario. Ronald Reagan no era, que yo sepa, el más ortodoxo del GOP.
En el fondo, es una pérdida de tiempo ponerse a discutir sobre quién es el conservador más puro (y duro). Todos los candidatos republicanos, menos Ron Paul, que pertenece a otra dimensión, comparten los mismos principios fundamentales, con algunas variaciones. Todos ellos abogan por un Gobierno limitado, más libertad económica, una posición fuerte de Estados Unidos en el exterior, la importancia de los valores americanos tradicionales, etcétera.
Apartándome de la neutralidad de José Blanco, que declinó influir en las primarias demócratas de 2008, votaría a Mitt Romney.
De un lado, tiene el currículum suficiente como para aspirar a presidir los Estados Unidos. Hombre de negocios de éxito y antiguo gobernador de Massachussetts, conoce los resortes de la economía que asentarían por fin la recuperación y desarrollaría una política exterior mucho más firme y coherente que la de Obama, sobre todo en lo que atañe a Irán.
De otro, hay que pensar en la campaña contra Obama. Digan lo que digan las encuestas, es improbable una victoria fácil. Es el Presidente y tiene muchos partidarios influyentes. El único que podría igualar a Obama en recaudación de fondos para la campaña es Romney. En 2008 ésa fue una importante diferencia entre McCain y Obama. El primero no podía competir con los infinitos anuncios y fuegos artificiales que lanzaba el segundo.
Por lo que se refiere a los debates y a la imagen pública, Romney no está destacando mucho en sus intervenciones. Ahí es superado por Gingrich. Ahora bien, a Gingrich los progresistas le podrían tachar fácilmente de ogro conservador, infiel, radical... No es que me importen mucho esos epítetos, pero en una elección se trata de no asustar a los votantes y recabar la confianza de la mayoría. Romney presenta más aptitudes para esa tarea, sin que sea necesario agradar a todo el mundo o renunciar a sus principios.
Believe in America!
La designación en estos momentos podría recaer en tres nombres. Mitt Romney es aún el favorito, pero Rick Santorum y, en mayor medida, Newt Gingrich son huesos duros de roer. ¿A quién elegiría si pudiese votar?
Destaco, en primer lugar, lo bueno del señor Gingrich, esto es, una imponente trayectoria en la Cámara de Representantes, muchos libros a sus espaldas y su formación como historiador. Sinceramente, tendría mucho gusto en leer su tesis doctoral, que versó sobre la política educativa en el Congo belga entre 1945 y 1960 (año de la independencia). El problema es que una vida política tan dilatada, no exenta de cambios de opinión y escándalos, puede proporcionar munición a los demócratas. Y, por supuesto, la infidelidad a una de sus esposas juega en su contra. No conozco a fondo sus ideas, pero sus discursos --ricos, sólidos y rebosantes de cultura-- me inquietan puntualmente. En el terreno de la imagen, le encuentro demasiado estrafalario y desagradable a la vista.
No obstante, en un jugoso artículo Alfredo se decanta por Gingrich: debido a que se ubica en la tradición de Alexander Hamilton y Teddy Roosevelt, reconoce que es "el que más se acerca a mi cosmovisión". Mas, a renglón seguido, señala sus limitaciones y fallos. Sospecho que el candidato ideal de Alfredo dista mucho de un político que ataca a Romney por sus ganancias y su pasado como empresario, aunque para él sea el menos malo.
Rick Santorum es, sin duda, un hombre de convicción. Admiro a los que, como él, presentan batalla en tantos frentes y acaban enzarzados en diversas polémicas en las que participan sin descanso haciendo valer sus ideas y creencias. Le descarto como candidato fiable porque, de entrada, los católicos en Estados Unidos son muy especiales; y, en segundo término, por su enmienda a la Ley No Child Left Behind en virtud de la cual debía enseñarse en la escuela pública el diseño inteligente (creacionismo) como alternativa a la teoría de la evolución.
Obiter dictum, la suma de Gingrich y Santorum es Greg Stillson, el malo de La zona muerta (1985), de Stephen King.
Resta Mitt Romney, del que los republicanos parecen recelar. No quieren que obtenga una victoria rápida y clara en las primarias. No es tan conservador como quieren los más conservadores, pero dudo de la utilidad de una deriva extremista. Romney aparenta ser más moderado y sensato que sus rivales, lo que no implica que no vaya a ser capaz de adoptar decisiones comprometidas en caso de llegar a la Casa Blanca. Estados Unidos necesita ante todo ese liderazgo y nuevas ideas. El pedigrí conservador es secundario. Ronald Reagan no era, que yo sepa, el más ortodoxo del GOP.
En el fondo, es una pérdida de tiempo ponerse a discutir sobre quién es el conservador más puro (y duro). Todos los candidatos republicanos, menos Ron Paul, que pertenece a otra dimensión, comparten los mismos principios fundamentales, con algunas variaciones. Todos ellos abogan por un Gobierno limitado, más libertad económica, una posición fuerte de Estados Unidos en el exterior, la importancia de los valores americanos tradicionales, etcétera.
Apartándome de la neutralidad de José Blanco, que declinó influir en las primarias demócratas de 2008, votaría a Mitt Romney.
De un lado, tiene el currículum suficiente como para aspirar a presidir los Estados Unidos. Hombre de negocios de éxito y antiguo gobernador de Massachussetts, conoce los resortes de la economía que asentarían por fin la recuperación y desarrollaría una política exterior mucho más firme y coherente que la de Obama, sobre todo en lo que atañe a Irán.
De otro, hay que pensar en la campaña contra Obama. Digan lo que digan las encuestas, es improbable una victoria fácil. Es el Presidente y tiene muchos partidarios influyentes. El único que podría igualar a Obama en recaudación de fondos para la campaña es Romney. En 2008 ésa fue una importante diferencia entre McCain y Obama. El primero no podía competir con los infinitos anuncios y fuegos artificiales que lanzaba el segundo.
Por lo que se refiere a los debates y a la imagen pública, Romney no está destacando mucho en sus intervenciones. Ahí es superado por Gingrich. Ahora bien, a Gingrich los progresistas le podrían tachar fácilmente de ogro conservador, infiel, radical... No es que me importen mucho esos epítetos, pero en una elección se trata de no asustar a los votantes y recabar la confianza de la mayoría. Romney presenta más aptitudes para esa tarea, sin que sea necesario agradar a todo el mundo o renunciar a sus principios.
Believe in America!
domingo, enero 15, 2012
TRES ANIVERSARIOS. EN ESPECIAL, EL DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ
El año 2012 está marcado por tres aniversarios que no he de pasar por alto. Uno de ellos es el del hundimiento del Titanic, acontecido el 15 de abril de 1912. Esa historia siempre ha causado mi fascinación, no me cansaré nunca de repasar sus infinitos detalles y vericuetos. Hay programados distintos homenajes, documentales y exposiciones, así como el estreno en 3-D de la película homónima de James Cameron (1997). Sus detractores ya están augurando un fracaso y criticando su codicia, pero se equivocan. ¿Por qué no se puede estrenar de nuevo, en una versión mejorada, una película? Es la misma objeción que se dirigió contra George Lucas por sus ediciones especiales de la saga Star Wars. Él y Cameron tienen derecho a mejorar su producto.
Otro hecho de 1912, más desconocido, fue el asesinato de José Canalejas, a la sazón presidente del Consejo de Ministros, el 12 de noviembre. La desaparición de este inteligente y virtuoso político liberal puso fin a un importante programa regeneracionista. De haberse llevado a cabo sus reformas, puede que el régimen Restauración hubiese tomado un rumbo distinto y, en consecuencia, sobrevivido, evitando a los españoles repúblicas y dictaduras que hoy siguen dando guerra. Los anarquistas, una vez más, truncaron la trayectoria del proyecto del que Cánovas fue artífice. Lamentablemente, no creo que a este estadista de principios del siglo XX se le dedique mucha atención en el aniversario de su muerte fuera de los círculos académicos.
El tercer aniversario, bicentenario en este caso, es el de la Constitución española de 1812, promulgada por las Cortes generales y extraordinarias reunidas en Cádiz el día 19 de marzo de ese año. Este texto constitucional inaugura la era liberal y el constitucionalismo en España, aunque el proceso fuese inicialmente abortado por el retorno del absolutismo. Adelantándome a los muchos actos, estudios y discursos que tendrán lugar con motivo de la efeméride, presento a continuación un somero análisis de la Constitución de Cádiz.
Constitución extensa y prolija en explicaciones, plagada de buenas intenciones y elevados objetivos, quizá pecó de un exceso de ambición. Respondiendo al objeto de "promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación", las Cortes decretaban una Constitución que en su artículo 6 imponía a los españoles la candorosa obligación de ser "justos y benéficos", precedida por una más solemne, la del "amor a la patria".
Por primera vez, se produce el reconocimiento de que la soberanía nacional reside en el pueblo, no en la persona del rey. Como expresión de tal soberanía, la Constitución fue aprobada por representantes de todos los territorios españoles. Así, la nación española "es libre e independiente" (art. 3) y la soberanía "reside esencialmente en la nación" (art. 4). Y dicha nación, según el artículo 5, debe "conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad, y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen".
Es verdad que fue un texto muy avanzado para su época. Introducía el sufragio universal masculino en la elección de los diputados, ciertos derechos y libertades (no hay un catálogo ordenado), una división de poderes más o menos efectiva... En suma, los mimbres de un Estado de Derecho que regiría para los ciudadanos españoles "de ambos hemisferios" (art. 1).
Al Gobierno se le encomienda perseguir la "felicidad de la Nación" (art. 15). Con relación a este punto, me conformaría con que no persiguiera su ruina, aunque sea involuntariamente, como ha sucedido hasta hace bien poco.
En la esfera de las finanzas públicas, se consagran ya principios de justicia tributaria, como los de generalidad, igualdad y proporcionalidad, pues todo español, "sin distinción alguna", está obligado a "contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado" (art. 8). El Título VI (arts. 338 a 355) regula estas contribuciones y, para no desatender la vertiente del gasto, la formación y aprobación de los presupuestos y el establecimiento de un sistema de control de la ejecución de los mismos y del manejo de la Hacienda Pública.
Recogiendo una preocupación no privativa de la actualidad (y eso que no existían aún las agencias de calificación crediticia), es de notar lo que se ordena sobre la Deuda pública (recibe ese nombre, mucho mejor que el de deuda soberana, ahora de moda). De acuerdo con el artículo 355, la Deuda pública será "una de las primeras atenciones de las Cortes", que deberán poner "el mayor cuidado en que se vaya verificando su progresiva extinción, y siempre el pago de los réditos en la parte que los devengue [...]".
A modo de corolario, citaré a Jorge de Esteban, quien señala que "la norma gaditana supuso la condición principal para el nacimiento del liberalismo español y, en algunos casos, europeo". Sus indudables méritos aumentan al conocerse las circunstancias en que fue dada a luz, en plena guerra contra el invasor francés, que bombardeó Cádiz mientras estaba siendo redactada.
La Constitución de Cádiz sufrió una vigencia irregular: de 1812 a 1814, de 1820 a 1823 (durante el llamado Trienio Liberal) y de 1836 a 1837. Seis escasos años en los que apenas gozó de desarrollo o aplicación práctica. Sin embargo, su influencia se prolongó a lo largo del siglo XIX. En ella aparecían ya los principales caballos de batalla de moderados y progresistas y sirvió de base a otros muchos textos constitucionales, no sólo españoles.
Gran parte de su contenido es mejorable y, personalmente, me quedo con la Constitución de 1876, más flexible y pragmática. Pero defiendo su trascendencia. Los españoles, en demasiadas ocasiones, menospreciamos nuestro patrimonio y nuestros logros. Preferimos alimentar leyendas negras antes que honrar los momentos estelares de nuestra Historia. La Constitución de 1812 debiera ser un rayo de luz en esa oscuridad con que muchos embadurnan toda la Historia española. Celebremos su bicentenario con orgullo a fin de desterrar esos fantasmas.
Otro hecho de 1912, más desconocido, fue el asesinato de José Canalejas, a la sazón presidente del Consejo de Ministros, el 12 de noviembre. La desaparición de este inteligente y virtuoso político liberal puso fin a un importante programa regeneracionista. De haberse llevado a cabo sus reformas, puede que el régimen Restauración hubiese tomado un rumbo distinto y, en consecuencia, sobrevivido, evitando a los españoles repúblicas y dictaduras que hoy siguen dando guerra. Los anarquistas, una vez más, truncaron la trayectoria del proyecto del que Cánovas fue artífice. Lamentablemente, no creo que a este estadista de principios del siglo XX se le dedique mucha atención en el aniversario de su muerte fuera de los círculos académicos.
El tercer aniversario, bicentenario en este caso, es el de la Constitución española de 1812, promulgada por las Cortes generales y extraordinarias reunidas en Cádiz el día 19 de marzo de ese año. Este texto constitucional inaugura la era liberal y el constitucionalismo en España, aunque el proceso fuese inicialmente abortado por el retorno del absolutismo. Adelantándome a los muchos actos, estudios y discursos que tendrán lugar con motivo de la efeméride, presento a continuación un somero análisis de la Constitución de Cádiz.
Constitución extensa y prolija en explicaciones, plagada de buenas intenciones y elevados objetivos, quizá pecó de un exceso de ambición. Respondiendo al objeto de "promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación", las Cortes decretaban una Constitución que en su artículo 6 imponía a los españoles la candorosa obligación de ser "justos y benéficos", precedida por una más solemne, la del "amor a la patria".
Por primera vez, se produce el reconocimiento de que la soberanía nacional reside en el pueblo, no en la persona del rey. Como expresión de tal soberanía, la Constitución fue aprobada por representantes de todos los territorios españoles. Así, la nación española "es libre e independiente" (art. 3) y la soberanía "reside esencialmente en la nación" (art. 4). Y dicha nación, según el artículo 5, debe "conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad, y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen".
Es verdad que fue un texto muy avanzado para su época. Introducía el sufragio universal masculino en la elección de los diputados, ciertos derechos y libertades (no hay un catálogo ordenado), una división de poderes más o menos efectiva... En suma, los mimbres de un Estado de Derecho que regiría para los ciudadanos españoles "de ambos hemisferios" (art. 1).
Al Gobierno se le encomienda perseguir la "felicidad de la Nación" (art. 15). Con relación a este punto, me conformaría con que no persiguiera su ruina, aunque sea involuntariamente, como ha sucedido hasta hace bien poco.
En la esfera de las finanzas públicas, se consagran ya principios de justicia tributaria, como los de generalidad, igualdad y proporcionalidad, pues todo español, "sin distinción alguna", está obligado a "contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado" (art. 8). El Título VI (arts. 338 a 355) regula estas contribuciones y, para no desatender la vertiente del gasto, la formación y aprobación de los presupuestos y el establecimiento de un sistema de control de la ejecución de los mismos y del manejo de la Hacienda Pública.
Recogiendo una preocupación no privativa de la actualidad (y eso que no existían aún las agencias de calificación crediticia), es de notar lo que se ordena sobre la Deuda pública (recibe ese nombre, mucho mejor que el de deuda soberana, ahora de moda). De acuerdo con el artículo 355, la Deuda pública será "una de las primeras atenciones de las Cortes", que deberán poner "el mayor cuidado en que se vaya verificando su progresiva extinción, y siempre el pago de los réditos en la parte que los devengue [...]".
A modo de corolario, citaré a Jorge de Esteban, quien señala que "la norma gaditana supuso la condición principal para el nacimiento del liberalismo español y, en algunos casos, europeo". Sus indudables méritos aumentan al conocerse las circunstancias en que fue dada a luz, en plena guerra contra el invasor francés, que bombardeó Cádiz mientras estaba siendo redactada.
La Constitución de Cádiz sufrió una vigencia irregular: de 1812 a 1814, de 1820 a 1823 (durante el llamado Trienio Liberal) y de 1836 a 1837. Seis escasos años en los que apenas gozó de desarrollo o aplicación práctica. Sin embargo, su influencia se prolongó a lo largo del siglo XIX. En ella aparecían ya los principales caballos de batalla de moderados y progresistas y sirvió de base a otros muchos textos constitucionales, no sólo españoles.
Gran parte de su contenido es mejorable y, personalmente, me quedo con la Constitución de 1876, más flexible y pragmática. Pero defiendo su trascendencia. Los españoles, en demasiadas ocasiones, menospreciamos nuestro patrimonio y nuestros logros. Preferimos alimentar leyendas negras antes que honrar los momentos estelares de nuestra Historia. La Constitución de 1812 debiera ser un rayo de luz en esa oscuridad con que muchos embadurnan toda la Historia española. Celebremos su bicentenario con orgullo a fin de desterrar esos fantasmas.
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